Uno
Sin lugar para los detenidos
Uno de los mayores problemas que se presentan en la aplicación de esta norma es la falta de lugares de alojamiento para las personas que podrían ser detenidas. Las unidades carcelarias está al máximo de su capacidad y los arrestos de las comisarías también están colapsadas. Se supone que la implementación de la Ley generaría la realización de una importante cantidad de operativos que no realizaba la Justicia Federal porque se dedicaba a perseguir a las organizaciones más importantes. Las fuerzas federales deben conseguir cupos antes de realizar un allanamiento.
Dos
Sin nombramientos en la Justicia
En la Ley se disponía además la creación de cuatro fiscalías (dos para el Centro Judicial Capital y dos para el de Concepción); dos defensorías oficiales (una para cada unidad); y seis jueces (cuatro para capital y dos para el sur). Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para cubrir esos casos a través de subrogancias.
Tres
Convivirán dos códigos al mismo tiempo
Los efectivos que actúen en el marco de esta manera deberán trabajar de dos maneras durante al menos cinco meses. En el área del Centro Judicial Concepción (que atenderá los casos registrados en los departamentos Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Tafí del Valle, Famaillá, Simoca y Monteros) se regirán con el nuevo Código Procesal Penal. Mientras que la jurisdicción del Centro Judicial Capital (que abarca Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Burruyacu, Lules, Leales y Trancas) seguirán utilizando el viejo código, hasta el 6 de mayo, que supuestamente entrará en vigencia el nuevo digesto.
Cuatro
Sin contactos entre funcionarios judiciales
La norma establece claramente que la Justicia ordinaria sólo atacará los casos cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Sin embargo, hasta el momento, no se confirmaron que se hayan producido contactos para aceitar el sistema entre los operadores judiciales. “No hubo ni una charla informal entre jueces para coordinar algunas metas”, indicó un alto funcionario en un contacto con LA GACETA.
Cinco
No cuentan con laboratorios propios
Una de las mayores complicaciones que se presentará si es que se pone en marcha la Ley es que ni el área de Seguridad ni el Poder Judicial cuentan con laboratorios para realizar las pruebas de la droga que secuestrarán en los procedimientos. La Policía Federal tiene uno, pero su uso está reservado para los trabajos que desarrollan la Justicia Federal. Los costos de funcionamiento son elevados, puesto que se trabaja con insumos que se comercializan en dólares y es prácticamente imposible que atiendan todos los pedidos que puedan surgir desde la justicia de ordinaria.
Seis
Las fuerzas no están del todo coordinadas
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico Carlos Driollet le dijo a LA GACETA que se había avanzado en la capacitación del personal policial de la provincia, tanto de la Dirección General de Drogas Peligrosas como de las diferentes divisiones para que puedan actuar con ambos códigos procesales. También inició conversaciones con los representantes de las fuerzas nacionales. Los voceros de esos investigadores confirmaron sus dichos, pero aclararon que no realizaron todavía ningún plan para desarrollar y que sólo atendieron cuestiones generales. De esos encuentros, según se confirmó, no partició la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, único grupo que se dedica exclusivamente a combatir delitos que están vinculados al tráfico y comercialización de estupefacientes. Reconocieron además que esperan avanzar cuando el nuevo Gonbierno nacional defina las nuevas jefaturas de las fuerzas nacionales en nuestra provincia.
Siete
Una comisión que sigue sin formarse
La Ley de Narcomenudeo promulgada por el gobernador Juan Manzur establecía la creación de una Comisión Interpoderes Interpoderes que se dedicará al control y seguimiento de los resultados de la aplicación de la norma desde que fue implementada. Además de tener la posibilidad de presentar nuevas propuestas para conseguir mejores resultados. La comisión que debería haber redactado su reglamento, estará integrado por un vocal de la Corte (aún no trascendió quién será el que ocupará ese cargo); Edmundo Jiménez (ministro Fiscal); Carolina Vargas Aignasse (ministra de Gobierno y Justicia), Claudio Maley (ministro de Seguridad) y Gerónimo Vargas Aignasse (presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura). No trascendió si mantuvieron algún tipo de encuentro para coordinar tareas.