En su mundialmente reconocido diccionario de ciencia política, el italiano Norberto Bobbio dejó una definición básica, un mínimo denominador que describe a los golpes de Estado a través de la historia y de los diferentes contextos coyunturales: “el golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo Estado”.

La pregunta entonces que obliga a hacer Bobbio para entender lo que sucedió en Bolivia es: ¿hubo participación de elementos del Estado en los eventos que terminaron con el anuncio de renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera?

Los sectores políticos y sociales que celebraron la renuncia de Morales -principalmente los partidos de la oposición y los comités cívicos liderados por el empresario Luis Camacho- no controlan ninguno de los poderes del Estado.

Estos sectores y los que defienden la tesis de una transición o una insurrección entienden que lo que sucedió fue un mero levantamiento de estos sectores en contra de un gobierno que, denuncian, vulneró la Constitución al forzar la candidatura de Morales a una tercera reelección, luego de perder en 2016 un referendo que intentaba autorizar ese cuarto mandato. Pero a la renuncia de Morales, su vice, los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y muchos otros funcionarios del Movimiento al Socialismo de gobiernos departamentales y municipales, le precedieron dos hechos protagonizados por órganos del Estado.

Primero, el sábado, después de que las fuerzas policiales se amotinaran en algunos departamentos, un vocero de la fuerza leyó un comunicado en la plaza Murillo: “La policía no se debe a ningún partido político, se debe al pueblo boliviano. Pedimos a todos los habitantes que mantengan la calma. La policía en este momento se encuentra replegada”. El domingo, en conferencia de prensa, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalima, le sugirió a Morales que renunciara.

“Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, aseguró Kalima frente a las cámaras.

Los sectores que rechazaron que haya sido un golpe de Estado argumentaron que las fuerzas de seguridad no tomaron el poder, dos hechos que no se condicen con la versión clásica de golpes que vivió la región en los años en la segunda mitad del siglo XX.

En su definición, Bobbio dedica un apartado especial para el rol que pueden cumplir las fuerzas de seguridad en un golpe de Estado.

“En su manifestación actual, en la mayoría de los casos, (el golpe de Estado) es efectuado por un grupo militar o por las fuerzas armadas en conjunto. En caso contrario, la actitud de las fuerzas armadas es de neutralidad-complicidad”, escribió el filósofo político. La crisis política que precedió la renuncia presidencial tuvo sin dudas entre sus causas la candidatura a la reelección de Morales a contramano de lo decidido popularmente en el referendo de 2016.

Pero Morales no fue forzado -por la Policía, las Fuerzas Armadas y los crecientes ataques, abusos y amenazas contra sus aliados- a renunciar a su candidatura, sino al mandato constitucional que terminaba el 22 de enero de 2020 y que ganó en 2014 con más de 63% de los votos en una elección transparente y sin cuestionamientos.

(La autora es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y magister de Seguridad Internacional del Institut d’ Études Politiques de Paris (Sciences Po).