El Colegio de Abogados de la Capital, a través de su presidente, Marcelo Billone, expresó de manera formal sus objeciones con respecto al proyecto de ley planteado por el oficialismo para la creación de la figura del Abogado de la Niña, Niño y Adolescente (ANNyA), dentro de la órbita del Ministerio Pupilar y de la Defensa, que encabeza Washington Navarro Dávila.
El texto enviado por Billone, firmado además por la comisión pertinente de la entidad letrada, solicita con “carácter de urgente” una audiencia con el cuerpo colegiado, dado que la iniciativa en cuestión cuenta con dictamen favorable y estará incluida en el orden del día de la sesión del martes. “Es indispensable (la nota original remarca esta palabra con mayúsculas) garantizar a los niños, niñas y adolescentes la independencia e imparcialidad de quienes ejerzan su defensa técnica”, advirtió el Colegio de Abogados en el escrito.
Legisladores de distintos bloques políticos elevaron cuatro proyectos para proponer la creación de la figura del ANNyA. Una de esas iniciativas respetó el espíritu del requerimiento formulado por el propio Navarro Dávila al Poder Legislativo. El dictamen favorable que emitió la comisión de Legislación General, a cargo del peronista Roque Cativa, establece en su articulado que estos letrados ejercerán su función “asistiendo de manera independiente sus intereses particulares, en todas aquellas cuestiones que involucren o afecten (a niñas, niños y adolescentes), ya sea en sede judicial, administrativa, escolar o familiar, debiendo alejarse de toda forma de paternalismo, siguiendo las instrucciones del niño en cuanto a la definición de su interés particular”.
La propuesta incorpora la figura bajo el ámbito del Ministerio de la Defensa, donde funcionará un registro de letrados para estos casos, aunque las niños, niños y adolescentes podrán optar por un representante legal fuera de esa grilla.
“Figuras distintas”
Billone, en la nota a la Legislatura, dejó constancia de que el “objeto esencial” del ANNyA es “garantizar el derecho del niño a ser oído”. “Esta finalidad solo puede conseguirse asegurando la total y absoluta independencia del ANNyA en relación a otras figuras, que si bien pueden estar emparentadas con su rol, son radicalmente distintas y no pueden ser confundidas”, advirtió el titular el Colegio de Abogados. Y señaló que el Ministerio Público “tiene por mandato constitucional actuar en la defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad”.
Luego, resumió lo que, a criterio de la entidad letrada, debería ser uno de los puntos a modificar por la Legislatura. “La defensa de la legalidad del proceso interesan a la sociedad y al Estado, y no pueden confundirse con la defensa técnica que, en el marco de un proceso judicial, se traduce en la asistencia propia de un abogado del niño, a quien se le asigna la defensa de los intereses particulares en un conflicto concreto y presta su conocimiento técnico para que se dicte una decisión jurisdiccional favorable a la voluntad del niño”, fundamentó Billone. Y agregó: “resulta difícil sostener que el Ministerio Público defienda en el mismo proceso el interés particular y concreto del niño o adolescente parte y, al mismo tiempo, el interés general y abstracto de la comunidad”.
En otro párrafo, consideró que el proyecto a tratar el martes “trae consigo un claro desconocimiento intrínseco del sistema constitucional de derechos, y por ende una anarquía y hasta ilegalidad conceptual”. Además, indicó Billone, el texto del oficialismo “omite tratar temas fundamentales como Beneficio de Gratuidad y Honorarios”.
Recordó que el Colegio ya cuestionó en sede judicial la creación de la Oficina del Niño, en el ámbito del órgano a cargo de Navarro Dávila. Y destacó que “entre las funciones (asignadas al ANNyA por en la propuesta) no se encuentra la más importante, que es respetar la voluntad del niño, garantizarle ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta”. Por último, Billone instó a ubicar el registro de letrados especializados en estos casos en el ámbito de la Corte de Tucumán, y a equiparar su funcionamiento al de Mediadores. Y propuso al Colegio como posible autoridad de aplicación, como se hizo “en otras provincias”, según Billone.
Se tratará en el recinto
-Dos menús obligatorios para personas con celiaquía.- Los bloques políticos de la Legislatura acordaron la sanción, el próximo martes, de una serie de proyectos que proponen la adhesión a la Ley Nacional de Celiaquía. Además, se incluyó una modificación a la legislación provincial vigente para disponer la obligatoriedad de que los bares y restaurantes habilitados en la Provincia, en caso de no contar con la posibilidad de elaborar alimentos sin TACC, deban “ofrecer en el menú un mínimo de dos opciones de viandas envasadas al vacío sin gluten, adquiridos en comercios dedicados a la elaboración de las mismas”. El dictamen definitivo cuenta con aportes de los legisladores Fernando Valdez (Bloque Gerardo Pisarello), Ángela Jiménez (PJ) y Luis Brodersen (PRO).
-Para una ciudad deportiva de ATSA.- Por impulso del legislador manzurista Reneé Ramírez, secretario general de ATSA-Tucumán, se tratará el martes un proyecto que habilita a la Provincia a donar un inmueble de 16 hectáreas lindante al Hospital Obarrio en favor del gremio de la sanidad, con el fin de edificar una ciudad deportiva, “parte de la cual ya se construyó, según el proyecto”.