“Lo único que pido es estar con mi hija. Me necesita. Ella sufrió un montón cuando yo estuve en ese lugar (por la dependencia policial)”, manifestó Sabrina Pasarín, al hacer uso de la palabra durante el cierre de la audiencia oral. “Nunca violé el arresto (domiciliario). Es más, tengo miedo de salir afuera. Quiero estar con ella. Además, no soy ajena a lo que está viviendo la familia de la víctima, a nada de lo que está pasando”, expresó la joven, de 21 años, acusada del homicidio de Rodrigo Carrizo durante un accidente de tránsito, ocurrido en junio pasado.

Se trató de la última oportunidad que tenía la imputada para sostener el beneficio procesal en su favor, que había sido otorgado por el juez de Instrucción Francisco Pisa, en el debate de ayer. “Hablan de la plata, que soborné a un policía; no lo hice. Yo, en ese momento, estaba incomunicada. No sé si alguien intentó hacerme daño o no sé qué quiso hacer. Soy ajena a eso”, dijo la joven, quien estuvo representada por su defensor, Luis María Rizo.

Sin embargo, la exposición de la acusada no lograría cambiar el objeto de la resolución de Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones. De hecho, el juez hizo lugar al pedido de revocación que había hecho el Ministerio Público Fiscal (MPF) y dejó sin efecto el arresto domiciliario, por lo que la imputada deberá volver a una dependencia policial para la ejecución de la prisión preventiva.

Le revocaron la domiciliaria a Sabrina Pasarín: "sólo quiero estar con mi hija"

El fiscal Alejandro Noguera solicitó la revocación de la medida al asegurar que Pasarín había “violado de punta a punta el artículo 1 de la Ley N° 24.660, de Ejecución Penal”. “En ningún momento ha cumplido con los recaudos exigidos. Es más, la imputada en todo momento ha tenido un manifiesto desprecio por la ley, por el hecho cometido y por la familia de la víctima”, fundamentó.

Según el funcionario judicial, la joven había comenzado a sacarse fotos y exponerlas en las redes sociales “de forma muy abierta, posteriormente a que se le otorgara la prisión domiciliaria”. “Las fotos han lastimado a la familia y a la sociedad. Debería haber cuidado las formas, al menos”, agregó.

El fiscal de la Cámara de Apelaciones expuso a la vez que, a través de la familia, se había intentado sobornar al médico legal de la Policía para modificar el análisis de alcoholemia, tras el hecho. “Estando en su domicilio, y con los medios económicos y tecnológicos que dispone, nunca va a aceptar la aplicación de la ley”, indicó.

Noguera dejó en claro que tenía en cuenta los pactos internacionales en favor de los Derechos del Niño para realizar esta solicitud, aunque aclaró que prevalecía en este caso “el interés general de la sociedad”.

El fiscal planteó la revocación de la medida, luego de conocer que los abogados de la familia de la víctima habían presentado escritos en los que informaban el desistimiento del recurso de apelación inicial.

Respecto de los dichos del funcionario judicial, Pasarín respondió que las fotos correspondían a días anteriores a la publicación. “Encima, me hackearon (mis cuentas de) Facebook e Instagram. No tengo redes sociales. Tratan de perjudicarme. Hay chicas que suben fotos y dicen en las redes que son parecidas a mí, que soy yo”, expuso.