La instrumentación efectiva de la “desfederalización” de la lucha contra la venta de droga a menor escala, en las formas dispuestas por la Legislatura, dependerá de las conversaciones entre los poderes del Estado provincial y los operadores del fuero federal. En primera instancia, sin embargo, a la palabra la tendrá el gobernador, Juan Manzur.

Hasta mañana, cuando el mandatario tucumano regrese de la misión oficial por Estados Unidos, el vicegobernador Osvaldo Jaldo continuará con la “lapicera” del Poder Ejecutivo en sus manos. El tranqueño, como presidente del Poder Legislativo, fue quien había motorizado la sanción de la nueva ley contra el Narcomenudeo, que apunta a habilitar la intervención de la Justicia provincial en los casos penales contra “dealers” o “transas” barriales. Jaldo, aunque tuvo la posibilidad de firmar la promulgación y la publicación de la norma a lo largo de la semana que pasó, no lo hizo. Ni lo hará en las próximas horas, indicaron en el gobierno. Así, será Manzur quien defina la instrumentación del nuevo régimen, que tiene como fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 2020. Por lo pronto, el ministro fiscal Edmundo Jiménez anticipó en la emisión del miércoles pasado de Panorama Tucumano, el informativo semanal de LG Play, que si el texto es promulgado tal cual la aprobó la Legislatura, analizará si plantea una acción judicial sobre la norma, como hizo en 2015.

Ante este escenario, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, consideró que el diálogo será crucial para que la “desfederalización” de los casos contra los dealers tenga éxito. “Incluso dentro del Poder Judicial hay opiniones encontradas. Todos queremos solucionar este tema. No es la primera vez que deberán juntarse los tres poderes del Estado para analizar qué cosas faltan y cuáles son los caminos adecuados para poder darle una respuesta desde la Provincia a las denuncias que hace la gente”, explicó a LA GACETA el legislador electo. Y remarcó su interés porque se avance sobre los “lugares en los que se vende droga”. “Todos sabemos que la jurisdicción a cargo del fuero federal es muy extensa. Y a la vez, en la Justicia provincial no hay un área específica para atender esos reclamos”, detalló Amado. En 2014, cuando se impulsó un primer intento desde la Legislatura para “desfederalizar” el narcomenudeo, el hoy ministro era presidente subrogante de la Legislatura. Según se desprende de sus dichos, el referente monterizo mantiene su postura respecto al tema. “La Provincia quiere tomar el compromiso para ayudar y avanzar en la lucha contra el narcomenudeo, como se hizo en otros distritos. Cada jurisdicción tiene sus particularidades, Tucumán seguramente tiene las propias y en eso hay que trabajar. Por eso, la idea es juntarse”, detalló el ministro.

“Un demonio difícil de vencer”

“Sigo pensando igual (que en 2015)”, expresó el ministro fiscal Jiménez en una entrevista con los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto, en Panorama Tucumano. El jefe de los fiscales provinciales planteó que, en la experiencia anterior, se habían planteado dos ejes. El primero, la “ilegalidad” del sistema propuesto por la Legislatura. “Son temas de competencia de los juzgados federales”, indicó. Y añadió que “dividir un delito por la mitad es muy dificultoso. Respecto del segundo eje, explicó que es de “orden práctico”. “Si mantenemos los mismos recursos y le agregamos el narcomenudeo a los tribunales locales, evidentemente vamos a debilitar las respuestas para la persecución del delito común”, expuso. Aunque se mostró respetuoso por la decisión de la Legislatura (“no tienen la obligación de consultarme”, dijo), deslizó que si el texto es promulgado, no descarta una nueva acción declarativa de constitucionalidad. “(La ley) no se compadece con las disposiciones nacionales ni se compadece con los recursos. Veremos si el Poder Ejecutivo los provee, a través de la promulgación, y veremos cómo se pronuncia la Corte sobre el tema. Pero no creo que sea un momento de destruir”, dijo. Y advirtió: “(la droga) es un demonio muy difícil de vencer”.

Cinco claves del plan contra los dealers

Primer intento: un debate de 2014

En 2014, la Legislatura adhirió a las leyes nacionales para la “desfederalización” del delito de narcomenudeo, un régimen que habilita la intervención de la Justicia provincial en las causas de droga para uso personal y de venta a baja escala, a través de la figura del “dealer” o el “transa”.

Sin aplicación: una cautelar que está vigente

La ley debía entrar en vigencia en 2015, pero el ministro fiscal Jiménez planteó una acción judicial ante la Corte Suprema, al entender que iba en contra de normas nacionales y que el fuero no tenía recursos para asumir esos casos. El alto tribunal dictó una cautelar, que sigue vigente.

Nuevo intento: a la espera del gobernador

El 12 de este mes, la Legislatura derogó la ley anterior de narcomenudeo y sancionó un nuevo texto. Mañana regresa el gobernador Juan Manzur, tras la misión oficial en EEUU. Será el jefe del PE quien defina si promulga la norma o dicta un veto (total o parcial). Si ocurre lo último, la Legislatura puede insistir.

Postura a favor: con el aval del vicegobernador

El vicegobernador Jaldo afirmó tras la sanción de la nueva ley de narcomenudeo que, además de derogar a la anterior, el texto prevé más recursos humanos (jueces y fiscales especializados en lucha contra el narcotráfico) y la potestad de aumentar las partidas para el fuero penal. Con ello, según Jaldo, debería ser posible la “provincialización” del narcomenudeo.  

En disidencia: la opinión del ministro fiscal

“La ley no se compadece con las disposiciones nacionales ni se compadece con los recursos (necesarios para luchar contra este delito)”, explicó el ministro fiscal Jiménez en Panorama Tucumano. El jefe de los fiscales no descartó en la entrevista la posibilidad de plantear una nueva acción judicial, para que la Corte defina si la norma es aplicable o no.