1- La hipótesis que elaboró la fiscalía

Según la fiscala Giannoni, Díaz Cáceres y González Montes de Oca, el 8 de marzo de 2018 pasada la 1, iniciaron una persecución sin motivo alguno contra al menos tres motos en la que se trasladaban seis jóvenes en la zona del parque 9 de Julio. También señaló que los efectivos, sin ajustar su comportamiento a la normativa que regula la actuación policial, hicieron primero tres disparos con postas de gomas en contra de la Guerrero G90 en la que se desplazaban Facundo y el otro menor hiriéndolos a los dos, sin que hubiera una agresión armada para que respondieran. Estableció que los efectivos gatillaron después ocho veces sus armas reglamentarias en contra de los menores. Uno de los disparos, efectuado a un metro de donde se encontraba la víctima, impactó en la nuca de Ferreira causándole la muerte horas después y rozó la cabeza del otro adolescente. Pese a que se comprobó que el disparo mortal fue realizado por Díaz Cáceres, la fiscala señaló que González Montes de Oca fue coautor del hecho, y por esa razón solicitó que ambos sean enjuiciados por homicidio agravado por alevosía en el abuso de la función como miembros de las fuerzas policiales y por la utilización de un arma de fuego en concurso ideal.

2- Facundo no disparó en contra de los policías

En el requerimiento a elevación a juicio quedó comprobado que Facundo no disparó en contra de los uniformados. La fiscala reconoció que el “dermotest” había dado positivo, pero luego de hacer una prueba más específica en un laboratorio de Chaco, quedó descartado que haya portado un arma y, mucho menos, disparado. Sí explicó que el otro adolescente gatilló al menos dos veces el revólver calibre 22 que tenía en su poder, pero aclaró que lo hizo después de que los policías le dispararan para defender su vida ante el ataque de los uniformados.

3- El menor fue sobreseído por ser inimputable

El menor que sobrevivió al ataque fue acusado de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la seguridad pública. Durante la instrucción, Giannoni sumó las pruebas para confirmar que había cometido ese ilícito. Sin embargo, solicitó que fuera sobreseídos porque, como lo indican las leyes vigentes, tenía 15 años cuando cometió los delitos y, por lo tanto, era inimputable.

4- Uno de los uniformados habría estado drogado

La Justicia comprobó, a través de un examen toxicológico, que González Montes de Oca era consumidor de cocaína y marihuana. “El estudio da cuenta del consumo de sustancias prohibidas e incompatibles con el correcto desempeño del cargo y función, permite suponer una personalidad alterada y desbordada al momento del evento”, opinó Giannoni en el pedido de elevación a juicio que realizó. A Facundo le dio negativo y a su amigo, positivo en marihuana.

5- Intentaron alterar la escena del crimen

La fiscala también cuestionó duramente la conducta que desplegaron los policías acusados del crimen. “No adoptaron las medidas dispuestas por el protocolo de actuación para el personal policial, en la intervención de delitos dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, y la normativa de la fuerza en la preservación del lugar, alterando además las pruebas y la escena del hecho con el fin de obstaculizar la investigación del hecho”, señaló Giannoni en el escrito. Entre otras irregularidades, los compañeros de los imputados fueron los que realizaron las primeras actuaciones, cuando debió haber sido al menos la División Homicidios u otra fuerza para mantener la objetividad. Además, el hecho fue informado una hora después a la Justicia y, cuando los funcionarios judiciales llegaron al lugar del hecho, se encontraron que ya se habían realizado varias medidas. Justamente, los primeros pasos que se dan en la investigación de un caso son fundamentales para su esclarecimiento.

6- Incumplieron con su deber al no pedir ayuda

La fiscala también acuso a Díaz Cáceres y a González Montes de Oca de no haber tomado las medidas pertinentes para la atención de Facundo, que estaba con vida cuando llegó la ambulancia del 107. Cuestionó no haber dado las instrucciones para que sea trasladado al Centro de Salud por su proximidad y sí al hospital Padilla, donde ingresó y falleció. También reprochó no haber informado al personal médico que llegó al lugar el origen de las heridas que presentaba Ferreira, impidiendo así un abordaje terapéutico conforme a la naturalidad de la lesión que presentaba. Quedó demostrado que el policía Lucas Ismael Ponce, que no estaba de servicio y que pasaba por el lugar de casualidad, fue el encargado de solicitar ayuda a través de su celular. Por este punto y el anterior, fueron acusados de incumplimientos de los deberes de funcionario público.

7- Violaron las normas de actuación policial

En la investigación, la fiscala analizó las normas y reglamentos por los que deben regir los efectivos en sus funciones. Utilizando ese criterio estableció que los acusados violaron los siguientes puntos: no hubo razón que hiciera suponer a los efectivos la existencia de algún ilícito para iniciar una persecución; no hubo agresión previa por parte de Facundo y su amigo, sino que el que realizó el amigo de la víctima fue posterior y de carácter defensiva; los disparos realizados por los acusados mientras los menores estaban de espaldas; no avisaron a sus compañeros y mucho menos pidieron apoyo por lo que estaba sucediendo; y no recurrieron a medidas menos lesivas como disparar a las ruedas de la moto. “Los imputados se apartaron de los estándares mínimos que condicionan su utilización y debe ser calificado el desenlace fatal como intencional”, señaló Giannoni.

8- Hubo varios testimonios irregulares

Durante la investigación de la causa, varias personas que habrían sido presionadas por los efectivos plantearon relatos diferentes que complicaron la pesquisa. Hasta el mismo adolescente que sobrevivió al ataque en un primer momento acusó del hecho a una policía rubia y, cuando declaró en Cámara Gesell lejos de la mirada de autoridades, señaló a los efectivos y contó una versión más ajustada a la realidad. Los dichos que terminaron desmintiéndose fueron los que hablaban de la cantidad de disparos; de que los acusados pidieron a los menores que se detuvieran después de identificarse como policías; que fueron ellos los que llamaron a la ambulancia y que el lugar fue preservado desde un primer momento. Pero la declaración más increíble fue la de la agente Cynthia Ledesma, quien fue la única persona que aseguró haber escuchado que los acusados solicitaron apoyo a sus compañeros por radio. Con el tiempo se descubrió que fue compañera de Díaz Cáceres.

9- Cuestionamientos a la polémica “portación de cara”

“La estigmatización surge palpable en este caso. Reitero que se inició por un inusitado y descomunal procedimiento policial sin indicio o presunción de algún ilícito que lo justificara. De lo único que hay en cuenta en la causa es de motos circulando a gran velocidad en un lugar día y horario en el que se hacen picadas”, indicó en el escrito. En su razonamiento, la fiscala agregó: “Quizás haya sido la portación de cara o la falta de fortuna de quienes el destino puso en el camino de los imputados. Lo que haya sido no puede ser consentido, ni disimulado por este Ministerio quien tiene a su cargo el deber de ahondar en la investigación de hechos que implican el ilegítimo ejercicio de la fuerza armada por parte de aquellos a quienes corresponde el deber de custodia en la seguridad pública”.

10- Duras críticas contra el Estado

En la resolución, la fiscala hizo una dura crítica en contra del lineamiento del Ministerio de Seguridad: “Jamás la lesión provocada en el marco de un proceder desmedido e inicialmente nulo puede ser consentido, ni resultar exento de reproche. Jamás puede el Estado consentir ni disimular el despliegue y accionar arbitrario y desmesurado de aquellos a quienes se confía el ejercicio de la fuerza pública, sino que por el contrario a su cargo está el deber inexcusable de investigar con el máximo rigor, todas las circunstancias en las que la fuerza delegada haya sido empleada y haya ocasionado lesión a algún bien jurídico, a fin de dilucidar si cabe algún tipo de reproche al respecto”. La fiscalía pidió en tres oportunidades la detención de los imputados, pero su planteo nunca prosperó. González Montes de Oca y Díaz Cáceres tampoco fueron separados de la fuerza, sí se los sacó de servicio y se les ordenó que realizaran tareas administrativas únicamente. El primero, sí fue puesto en disponibilidad, luego de haber sido detenido por robar una cartera a una mujer. Por ese caso fue arrestado y procesado.

11- Cómo sigue el caso judicialmente

El expediente será analizado por el juez Facundo Maggio, quien deberá definir si acepta o no el pedido de Giannoni. La defensa de los efectivos podrá realizar cuestionamientos al pedido de elevación a juicio. Si lo hacen, pasará a la Cámara de Apelaciones para que defina. Una vez cumplido con estos pasos procesales, a través de un sorteo, se designará que tribunal enjuiciará a los acusados. El debate, con seguridad, si es que no existen planteos de apelación, se desarrollará el año que viene.