La Corte Suprema de Justicia de la Provincia expresó su satisfacción por el informe del centro judicial de Concepción, a poco más de cien días del inicio de las audiencias orales, que revela una mejora en el funcionamiento del servicio de justicia. El presidente del alto tribunal, Daniel Posse, acompañado por los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Leiva, expuso a LA GACETA los datos que resultaron de la aplicación del nuevo Código Proceso Penal Oral.

El estudio muestra que en el período que va del 6 de mayo -inicio de la vigencia del Código- al 8 de septiembre se han realizado más de mil audiencias (1.001) con tiempo promedio de 25 minutos, que se resolvieron 109 casos y que se pasó del promedio de duración del tiempo de resolución de casos de 587 días a tan sólo 66.

Durante la charla con el diario, los magistrados destacaron que de esta manera se responde positivamente a la necesidad de readecuar, modernizar, eficientizar y acelerar los procesos judiciales en función de los intereses ciudadanos.

La ley establece que el Código Procesal Penal Oral entre en vigencia en toda la provincia el 4 de mayo, o sea que abarcará a los centros judiciales de la Capital y de Monteros.

Las observaciones de 126 días fueron resumidos en un reporte de 31 páginas (ver recuadros en la página) y proporcionados por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concepción al máximo tribunal, donde se puso de relieve el nivel de involucramiento de todos los actores que participaron de la aplicación del nuevo proceso penal.

Los magistrados, cada uno a su turno, destacaron su beneplácito con este primer paso hacia la oralidad, pese a la complejidad de su implementación y a las resistencias al cambio de algunos operadores del Poder Judicial, que llevan décadas trabajando con el sistema escritural.

“Lo juzgamos indispensable no sólo para adecuarnos a una tendencia nacional de modernización ya en marcha, sino que, además, es la única forma de modificar la percepción de lejanía respecto de la administración de justicia que hoy puede tener parte de nuestra sociedad”, apuntó la Corte en un documento que aportaron al cronista del diario.

Esperaban estas cifras

¿Los sorprendieron los números?, se les consultó. “Los esperábamos”, respondió Estofán. “Y van a ir mejorando día a día”, acotó Leiva. Sbdar explicó que se decidió hacer una prueba inicial en un centro judicial pequeño para ganar en experiencia y para que, cuando se aplique en el centro judicial de la Capital, por ejemplo, se eviten errores o posibles deslices. “Es para adentro, abogados y ciudadanía en general”, acotó la vocal, cuando se planteó si en adelante las partes involucradas sabrán a qué atenerse cuando entre en vigencia la norma en 2020.

Respecto de los valores que reflejan una mejor dinámica de la actividad judicial, Leiva reflexionó que se deben a “la inmediación”. “En el control de acusación, en la etapa de elevación de juicio para ser tratado en debate ya las partes se ven las caras, dicen cómo estamos, cómo están las pruebas; en ese marco se puede llegar a la negociación de una pena”, señaló. A lo que Rodríguez Campos añadió: “se recategoriza el rol de la defensa, porque todo se produce en forma simultánea, todos tienen que esgrimir sus armas e ir preparados”.

Sbdar, por su lado, puso en la mesa un tema cuyo titulo es polémico a nivel de la política nacional: las prisiones preventivas. Indicó que se redujeron los plazos previstos en el Código Procesal Penal.

“Es importante tener condenas, pero también es importante tener procesos sanos, saludables institucionalmente. Un dato relevante es el de las prisiones preventivas, un tema altamente discutido en el orden nacional. Estábamos con una aplicación de hasta dos años; estos plazos que rondaban los seis meses hoy están en un plazo de 46 días. Se achicó el promedio, por la celeridad que le imprimen a las causas las audiencias y el nuevo proceso; se acortan los tiempos de investigación y juzgamiento del caso o de resolución del conflicto”, manifestó.

“Hay dos cosas importantes a mencionar aquí”, apuntó en ese instante Estofán. Explicó que se han abreviado los plazos y “no existen nulidades, ya no hay chicanas que buscaban prescripciones. Eso no se puede hacer ahora, son incompatibles con el sistema”. “Esto es seguridad jurídica”, señaló Leiva. “Es transparencia”, añadió Sbdar. “Es el acceso mismo a la Justicia”, acotó Rodríguez Campos; todos buscando conceptos para identificar esta nueva realidad.

Firma de una acordada

En medio de la charla con el diario, los magistrados firmaron una acordada. Posse indicó que se trataba de un resolución vinculada a la aplicación del Código Procesal Penal Oral en Tucumán. “Son muchas las oficinas involucradas, esto es para que cuando estemos por iniciar el proceso el 4 de mayo sepamos claramente cuántas causas tenemos, cuántas pueden quedar fuera del sistema; estamos ordenando”.

En ese marco, subrayó que “lo de Concepción sirve mucho porque es una muestra de lo que va a pasar aquí, para que podamos avanzar con mucho más fluidez”. “Para eso necesitamos el compromiso funcional, creemos que lo vamos a tener”, deslizó Estofán, lo que fue ratificado por sus pares. “Lo de Concepción fue fantástico”, remarcó Sbdar.

“Y la Corte asumió el compromiso de que esto funcione”, sintetizó Leiva.

Uso de la tecnología

Además, se explicó que el proceso escritural fue pensado para administrar justicia en sociedades más pequeñas y donde no existían los recursos tecnológicos de hoy, y que están al alcance de todos. En ese esquema -se indicó-, la incorporación de la oralidad y las herramientas de la modernidad que ya forman parte de la vida cotidiana, sin duda produce el efecto de desformalizar los procesos para ganar en rapidez, eficiencia y plazos razonables.

Allí también sumaron la puesta en marcha de las notificaciones digitales, la firma digital, despapelización y notificaciones vía whatsapp, “orientado a lograr mayor rapidez y transparencia posible en la resolución de las causas”.

Según los jueces, los cambios impactan en una mayor relación de cercanía e inmediatez del juez con las partes del proceso, lo que contribuye a crear un nuevo paradigma de servicio de justicia, que brinda soluciones mucho más adecuadas a la creciente complejidad de las sociedades actuales, readecuando los mecanismos de administración de justicia.