Un malestar significativo ha provocado en la comunidad el empleo indebido de uno de los aviones oficiales. Se lo utilizó para traslado de dos dirigentes bonaerenses que asistieron el miércoles en esta ciudad a actos proselitistas organizados por el gobernador Juan Manzur, de los que participó como figura central Alberto Fernández, el candidato del Frente para Todos.

El postulante a la primera magistratura del país y una buena parte de su comitiva emplearon un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas para trasladarse, pero no sucedió lo mismo con Verónica Magario, intendenta de La Matanza y postulante a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, y el diputado nacional Fernando Espinoza. Ambos dirigentes peronistas usaron el Cessna Citation Bravo LV-BEU, avión oficial de Tucumán, acondicionado para uso sanitario. Habían partido del aeropuerto bonaerense de San Fernando y llegaron a las 15.05 del miércoles. Tras participar en los actos partidarios, emprendieron el regreso a las 23.30. La nave retornó sin pasajeros al aeropuerto Benjamín Matienzo a las 4.45 del jueves.

Fuentes de la administración de Manzur confirmaron que los dirigentes bonaerenses habían empleado el avión provincial, que -dijeron- se hallaba en Buenos Aires por problemas técnicos. Como Magario y Espinoza no habían conseguido pasajes en las líneas comerciales, el gobernador dio la orden de traerlos.

Dijeron además que el Cessna ha sido acondicionado para vuelos por necesidades sanitarias, debido a que el Lear Jet, el otro avión, se encuentra en Paraguay para una reparación.

En nuestra edición de ayer recordamos las controversias que se suscitaron pocos años atrás con el empleo de los aviones oficiales, motivo por el cual se elaboró un protocolo de uso y un registro de vuelos.

El 31 de enero de 2010, LA GACETA publicó una fotografía que mostraba al entonces gobernador José Alperovich cuando aterrizaba en la nave oficial en el aeropuerto Matienzo de regreso de sus vacaciones. Cinco años después, el padre de una bebé llamada Morena atribuyó la muerte de su hija a la imposibilidad de usar el avión sanitario para llevarla a Buenos Aires debido a que este estaba ocupado por los familiares de Alperovich. Sin embargo, las causas que se abrieron en la Justicia local por estos asuntos nunca prosperaron.

En 2015, se informó que cada trayecto del avión costaba unos U$S 6.000, es decir $345.000 actuales (con un dólar a $57.50); en tres viajes se habría gastado entonces $1.035.000, dinero que sale del erario provincial, no de los bolsillos de la dirigencia.

A menudo, la sociedad se queja porque una buena parte de sus representantes suele usar los bienes de todos en su beneficio propio, porque tal vez consideran que por ocupar un cargo público gozan de privilegios, cuando la política debe ser un acto de servicio hacia la comunidad. ¿Qué beneficios les brindan a los tucumanos los dirigentes bonaerenses involucrados en este episodio? ¿Quién se responsabiliza del gasto? ¿El pueblo tucumano?

La falta de transparencia en los actos de gobierno no solo conspira contra la democracia, sino que desgasta la credibilidad de nuestros dirigentes. En un contexto de ahogo económico que está viviendo la Argentina, acciones como estas se vuelven mucho más irritativas para la sociedad, cuando debería prevalecer la austeridad en todo sentido. Confundir lo público con lo privado implica también defraudar la confianza ciudadana, La clase política debería saberlo.