La propuesta se conoció a través de un audio de Whatsapp y se viralizó como ocurre con los temas controversiales en la era de las redes sociales. En distintas plataformas, ayer los usuarios debatían la idea del productor Gonzalo Blasco (empresario agropecuario y ex candidato a diputado nacional por Cambiemos en 2017), quien propuso ofrecer un bono de $5.000 para sus empleados si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. La iniciativa, que el legislador macrista Luis Brodersen dijo que imitará a través de su empresa, no pasó para nada desapercibida entre los profesionales jurídicos

El abogado constitucionalista y docente universitario Luis Iriarte opinó que la propuesta le parece “una barbaridad”, al punto que consideró que el tema debería ser analizado en profundidad por un letrado especializado en asuntos penales. De todos modos, ante la consulta de LA GACETA, argumentó su postura al respecto. “Se está desnaturalizando el sistema político. No desde ahora, ya lo noté, por ejemplo, en la elección provincial del 9 de junio; es una desnaturalización total. Estamos llegando a extremos que yo nunca pensé que podíamos llegar. Pero repito que no es de ahora”, expresó Iriarte.

En ese sentido, el constitucionalista brindó ejemplos respecto a la desnaturalización del sistema político que observó en los comicios locales, en los que resultaron reelectos Juan Manzur y Osvaldo Jaldo como gobernador y vicegobernador, respectivamente. “Hubo legisladores radicales buscando desesperadamente alquilar un partido político porque su propio partido no ofrecía una instancia electoral alternativa, es algo tremendo”, opinó. Además, apuntó contra las largas colas que hubo en bancos y en el hipódromo previo a los comicios para acceder a un plan de hasta $ 6.000 que otorgó la Provincia. “Realmente si bien esto no me termina de sorprender totalmente, me produce un rechazo total”, remarcó el letrado.

“Lo que más me preocupa es que no observo en los tucumanos que haya voluntad política de nuclearse en torno a gente con valores, principios y conductas políticas confiables para presentar el día de mañana una oferta electoral que sea adecuada al régimen republicano y con la ética democrática. No veo esa voluntad política, y eso es lo que más me preocupa”, reflexionó Iriarte.

Bajo la lupa

El abogado constitucionalista y docente universitario Rodolfo Burgos consideró que la propuesta de Blasco -que luego el legislador Brodersen dijo que imitaría- podría incurrir en alguna de las conductas electorales están prohibidas con sanción penal. “Es verdad que no la ha terminado de formalizar, pero el ofrecer un bien a cambio de un voto… Me imagino que va a tratar de escapar por ahí porque ya se ha mandado la macana. La realidad es esa”, expresó el letrado.

En ese sentido, Burgos recordó que en 2005 la Cámara Nacional Electoral (CNE) se pronunció respecto al clientelismo político con el “Fallo Polino” a propósito de una interna del Partido Socialista en la Capital Federal, respecto de la que uno de los precandidatos, Héctor Polino, denunció la compra de votos -con mercaderías y juguetes- por parte del otro sector. “Es el único precedente que hay del organismo de máxima jerarquía en esta materia. Lo que la Cámara Electoral dice en ese fallo es que existen dos figuras penales que quedarían abarcadas estas conductas clientelares: los artículos 139b y 140 del Código Electoral Nacional”, remarcó.

En primero de los artículos mencionados tipifica el comportamiento de quien impidiera el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea con violencia o intimidación (inciso a), o privándolo de su libertad (inciso c). El mismo artículo reprime, en su inciso b, el afectar la sinceridad del voto, al prescribir que se penará con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada. En igual sentido, el artículo 140 impone pena de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.

Burgos destacó que si bien la tipificación de conductas es deficiente, la Cámara la compara con casi todas las regulaciones que hay en Latinoamérica. Pero sí señala que las conductas electorales están prohibidas, con sanción penal.

RECHAZO DE LA NACIÓN

“Cualquier acción que tienda a condicionar al votante es una irregularidad”, señaló Pérez

El caso de los empresarios tucumanos que ofrecen el pago de un bono de $5.000 a sus empleados en caso el presidente, Mauricio Macri, supere las generales y alcance el balotaje tuvo impacto nacional. El tema fue debatido y analizado en programas de radio y de TV de todo el país. Incluso, hubo funcionarios nacionales que se refirieron a la polémica. Uno de ellos fue el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, quien se expresó en contra de la decisión del sector privado de apoyar por esta vía al Presidente. “Creo que está mal”, afirmó el funcionario macrista en una entrevista con Radio La Red. Pérez, cuya repartición a cargo tiene injerencia en la parte operativa de los comicios nacionales, destacó en diálogo con el periodista Luis Novaresio que “el voto es libre y sin condicionamiento”. “Cualquier acción que tienda a condicionar al votante es una irregularidad”, detalló el funcionario nacional. Y si bien evitó una sentencia categórica respecto al bono “pro-Macri”, insistió con su rechazo. “Habría que ver si la Justicia lo determina (como irregular). Creo que es una conducta que no corresponde y podría ser investigada”, afirmó Pérez.

CRÍTICAS DE UN PERONISTA

El legislador Cativa cuestionó a Brodersen: “representa un claro delito electoral”

El legislador peronista Roque Cativa cuestionó la decisión del legislador del PRO, Luis Brodersen, de sumarse al “bono” empresario en apoyo al presidente Mauricio Macri. “Además de penoso para la democracia, es gravísimo para la república que Brodersen haya decidido ofrecer dinero a los trabajadores de su firma si Macri gana las elecciones. Esta clase de ofrecimientos representa un claro delito electoral, perfectamente tipificado por el Código Electoral Nacional. El artículo 140 establece pena de prisión para toda persona que ‘con engaños indujere a otro a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo’, afirmó. El oficialista agregó: “condeno toda forma de dádiva y cualquier instrumento destinado a la compra de voluntades”. Y advirtió que “actitudes como la de (Gonzalo) Blasco o la Brodersen son infinitamente más graves que la entrega de bolsones, que tanto ha cuestionado el macrismo, porque ahora nos encontramos frente a un caso de extorsión: la promesa de un bono de $5.000 está atada a un resultado, lo cual obliga cohersivamente a las personas a las que se les hizo la promesa a conseguir ese objetivo”.