¿Cumple la fiscal de Estado Eleonora Rodríguez Campos con los requisitos formales para ser designada vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán? El oficialismo de la comisión de Peticiones y Acuerdos entiende que sí.

La legisladora Sandra Mendoza, presidenta de ese grupo de trabajo, confirmó ayer la confección del dictamen favorable al pliego enviado por el gobernador, Juan Manzur, para cubrir la vacante dejada por René Goane, el magistrado que renunció para obtener la jubilación. Así, sólo resta que el nombramiento de Rodríguez Campos sea sometido a votación mañana en el recinto de la Legislatura, donde el bloque afín a la Casa de Gobierno cuenta con amplia mayoría.

En la oposición, sin embargo, aseguran que la funcionaria provincial no reúne los 15 años en el ejercicio de la abogacía, condición requerida por la norma; por ello, se impulsó un dictamen en contra de la llegada de Rodríguez Campos al alto tribunal de la provincia. En paralelo, un representante de la Unión Cívica Radical anticipó que, de concretarse la magistratura de la funcionaria manzurista, tratará de frenarla en los tribunales.

Entrevista superada

La fiscal de Estado superó ayer la entrevista realizada por los miembros de la comisión de Peticiones y Acuerdos. La peronista Mendoza sostuvo que, además de estudiar el currículum vitae de la aspirante a vocal, se cumplió con todos los pedidos de informes previstos por el reglamento interno de la Cámara. Según esa normativa, la comisión debe solicitar documentación a la CSJT (para conocer si lleva adelante juicios como actor o demandado y los cargos que hubiere ocupado en el Poder Judicial); al Registro Inmobiliario (para determinar si fue objeto de inhibiciones o embargos definitivos que pudieran afectar su postulación); a entidades bancarias oficiales (para establecer si afronta deudas y su nivel de cumplimiento); y al Colegio de Abogados de la Provincia y del Sur, para requerir “la fecha en que el candidato propuesto se hubiere inscripto en la matrícula de abogado, calidad y fecha del título del mismo, denuncias recibidas y/o sanciones que le hubieren sido impuestas con motivo del ejercicio profesional”.

Impugnación

Sobre el punto del ejercicio profesional giró la polémica en la reunión legislativa de ayer. Los legisladores aliados a Juntos por el Cambio, José María Canelada, Eudoro Aráoz y Rubén Chebaia (todos de la UCR), firmaron uno de los tres planteos de impugnación al nombramiento de Rodríguez Campos. Según esta postura, que en la comisión fue respaldada por el macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO), la funcionaria no cumple con uno de los requisitos para llegar a la CSJT.

“La Constitución provincial exige en su artículo 117 un mínimo de 15 años de ejercicio de la profesión, ya sea de manera libre o en la magistratura”, sostuvo Colombres Garmendia. Agregó que la ley 6.059, de creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores, consigna que “la única prueba de dicho ejercicio de la profesión son los aportes profesionales”. “Según la información que recibí, la funcionaria recibe su título en 2002, pero tiene bloqueada su matrícula por el no ejercicio de la profesión desde 2009, por lo que se le computan esos siete años, pero no el tiempo en el que se desempeñó en la Fiscalía de Estado. Más allá de que parece una excelente abogada, y de que tiene uno de los mejores promedios que he visto en la comisión de Peticiones, no cumple con los requisitos que exige la Constitución provincial”, detalló.

Sin impedimentos

Mendoza, que firmó el dictamen a favor junto a los oficialistas Daniel Herrera, Marcelo Caponio y Zacarías Khoder, entre otros, sostuvo ante la prensa que “no hay impedimentos para que la abogada Rodríguez Campos pueda asumir como vocal”. “Evaluamos que sí cumple con los requisitos fijados por la Constitución provincial, ya que supera la edad mínima (tiene 41 años, y la norma exige al menos 40) y estuvo trabajando en distintos estamentos, ejerciendo la función de abogada”, indicó. Argumentó estos dichos en la documentación del Colegio de Abogados, ya que el reglamento interno “no establece como requisito” el pedido de información a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores. “Por todo esto, la comisión ha decidido darle el dictamen favorable”, detalló Mendoza.

Rumbo a los tribunales

El radical Aráoz cuestionó la elección de Manzur. “Hay una cuestión objetiva que impide la designación de Rodríguez Campos como vocal de la Corte. Además, es sabido que la funcionaria pertenece a una familia que tiene el manejo directo del Poder Judicial de Tucumán, ya que su tío es el ministro fiscal Edmundo Jiménez, garante de la impunidad en esta provincia”, destacó. Y anticipó que, si el PJ sanciona el pliego de la postulante, recurrirá a la Justicia para frenarlo.