En el acta de procedimiento policial se lee lo siguiente: “los agentes de la Patrulla Motorizada traen consigo a cuatro sujetos en calidad de demorados. Dos de ellos han sido identificados por una señora a la que le han robado el teléfono. Ella rastreó la señal y le dio que estaba en la esquina de Perú y Panamá, en un bar de la ciudad de Yerba Buena”.

Así empieza el texto que fue fechado el 17 de marzo pasado y que forma parte del expediente judicial con el que la abogada Liliana Araóz intenta que se desbarate una agencia ilegal de seguridad privada, a decir suyo. Ese día, dos ladrones que se movilizaban en una moto la interceptaron en la cuadra en la que vivía, cuando volvía a pie de una misa vespertina en la Iglesia de la Caridad. Aunque intentó escapar, se cayó. Los hombres la lastimaron y le quitaron su móvil. A esa hora, el sereno de esa calle se encontraba en su puesto. De hecho, ella acababa de saludarlo. No obstante, no la auxilió.

Una vez que se repuso del ataque, entró a su casa, encendió su computadora y rastreó la ubicación del aparato. Si aún no le habían sacado el chip -pensó- podía dar con él. Hizo clic en la palabra “find” (buscar) y esperó... Sorpresa: el celular estaba encendido a cuatro cuadras de ahí.

Detenidos y liberados

Llamó a la Policía. Y con dos agentes, se fue hasta el drugstore que le indicaba la aplicación de Google. Y allí -según ella- se hallaban las dos personas que un rato antes la habían golpeado en el asfalto. La moto había sido estacionada en la vereda. Estaban con otros dos hombres. Los señalados por ella todavía llevaban puestas las camperas deportivas y con capuchas que habían usado en el asalto; una azul, la otra gris. Aunque los patrulleros los revisaron, no hallaron el teléfono. Así que después de unas horas de demora, quedaron en libertad.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Instrucción Especializada en Delitos de Robos y Hurtos III, a cargo de Adriana Reinoso Cuello, libró unos oficios para averiguar los antecedentes de los acusados. En la contestación, le indicaron que ninguno tiene causas policiales. Ambos podrían ser citados, pues la abogada sostiene que actuaron en connivencia con el vigilante de la cuadra.

El supuesto titular de GOV niega la existencia de una empresa

Lo primero que dice, es que él jamás recibió ninguna notificación judicial. Lo segundo, que lo suyo no es una empresa, sino una organización vecinal. Y lo tercero, que no le parece apropiado que se lo “escrache” en un medio de comunicación. Y aunque Walter Arnaldo Romero mantiene una comunicación con este diario, pide que ese diálogo no sea reproducido en su totalidad, hasta que él tome conocimiento de la causa iniciada por la vecina María Liliana Aráoz.

“No sé de qué me habla. No he visto ningún expediente y nadie me ha citado. Lo que sí quiero que ponga, es que somos un grupo organizado de vecinos. Las siglas GOV hacen referencia a eso. Aquí no hay ninguna agencia de seguridad ilegal, sino personas que se cuidan entre sí”, añade. Cuando se le pregunta cuál es su rol, responde: “alguien tiene que organizarlos”.

- ¿Por qué, si usted tiene domicilio en el barrio Oeste II, “organiza” a vecinos de Yerba Buena?

- Todos los barrios de la periferia de Tucumán tienen su equipo de seguridad barrial. No sé porqué tanto alarde por esto. Soy un miembro más de esta organización, con rol de organizador. Y en cada paso que damos, les dejamos en claro a las personas que no somos una empresa.

Aráoz le reclama a la Justicia que tome medidas contra GOV, porque argumenta que opera como una agencia de seguridad pero no se encuentra habilitada. En marzo pasado, ella fue asaltada en la puerta de su casa, en Frías Silva al 800. Como el sereno se encontraba en su puesto, pero no la auxilió, sospecha que actuó en connivencia con los delincuentes.