El transporte vivió una de las semanas más traumáticas. En medio del feriado por el Día de la Declaración de la Independencia, los choferes acumularon cinco jornadas sin trabajar, en demanda del pago de los sueldos de junio. Ayer, en tanto, la medida de fuerza que paralizó otra vez a los colectivos, se relacionó con el fracaso de las negociaciones paritarias con la cámara empresaria. En el interior del país, los choferes realizaron la medida de fuerza porque las empresas que trabajan en cada distrito adujeron que no pueden hacer frente al salario básico de $ 41.000, retroactivo a junio último, y a una suma fija no remunerativa de $ 11.000 en tres tramos, como se acordó en Provincia y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Tucumán, los afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se concentraron en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. “Los colectivos volverán a funcionar desde las primeras horas de mañana (por hoy). El lunes (habrá servicios de ómnibus) vamos a esperar qué sale de la reunión con los empresarios y de acuerdo a eso veremos si siguen las medidas de fuerza, que serían el martes o el miércoles”, dijo César González, secretario general de UTA Tucumán.

Lo que dejaron los cinco días de paro de colectivos en Tucumán

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, había reclamado el jueves salir de la coyuntura y que las partes involucradas en la cuestión (empresas, trabajadores y Estado en todos sus niveles) se pongan de acuerdo para pensar el largo plazo. Mencionó que el bloque oficialista en la Cámara trabajará para la sanción de un proyecto de ley que unifique al transporte, bajo la figura de un organismo multisectorial que garantice no sólo la calidad del servicio, sino también el financiamiento del sector transportista. La intención del titular del Poder Legislativo es que Tucumán cuente, a partir de 2020, de una norma integral que regule a los colectivos urbanos, interurbanos y rurales.

“Nuestra gestión siempre está abierta al diálogo. Sobre todo cuando se trata de buscar soluciones integrales para la sociedad en asuntos como el transporte público de pasajeros”, respondió ayer a LA GACETA el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, cuando fue consultado sobre la propuesta lanzada por el vicegobernador. “Si nos convocan a una reunión vamos a asistir, con la expectativa de escuchar propuestas y también de que se escuchen nuestros aportes”, se explayó.

Sin embargo, el jefe municipal aclaró que dos son los límites que circunscriben toda participación de la comuna capitalina en cualquier nuevo esquema que quiera estructurarse.

Promoverán una ley para unificar el sistema de colectivos

• “El primero es cuidar el erario municipal, que no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes de la capital. “La Municipalidad no otorga subsidios al transporte y eso va a seguir siendo así. No vamos a intervenir en ninguna estructura que signifique aportar recursos para las empresas del transporte público colectivo de pasajeros”, advirtió. Recordó que ya reciben fondos de la Nación y de la Provincia, en los cuales la Municipalidad carece de toda injerencia, “lo que significa que hay recursos de los contribuyentes que van al sector privado”. “Entendemos que no puede haber ahora un tercer aporte por parte de los tucumanos”, manifestó.

• El segundo límite está dado por la autonomía municipal. “Las políticas sobre el transporte público, así como sus controles, corresponden a las municipalidades. Entonces, podemos participar de la discusión de soluciones generales, pero por ley no van a poder ir por sobre garantías constitucionales”, explicó Alfaro.

La controversia

En mayo del año pasado, el legislador radical Eudoro Aráoz había pedido crear una comisión especial de estudio de la problemática del transporte, tal como ahora lo promueve Jaldo. “El problema es multicausal y no se agota sólo en la cuestión tarifaria ni declarando la emergencia”, había argumentado en aquella oportunidad. Su planteo, compartido con su par Rubén Chebaia, no prosperó.

Ahora, el Gobierno y los empresarios del sector indicaron que, desde hace dos meses, no se reciben los subsidios federales. Esa situación, según esas partes, agudizó el conflicto en la provincia. Sin embargo, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, afirmó que Tucumán es una de las cuatro provincias que más plata recibe de la Nación en subsidios para el transporte. “Lo que el vicegobernador no dice es que las cuotas que corresponden desde mayo no han sido depositadas, porque la provincia no ha completado las rendiciones de cuenta. Casualmente olvida mencionar que ellos no están rindiendo cuenta del dinero que deberían dar a las empresas de transporte. Un paso clave sería eliminar esa intermediación”, acotó.

Jaldo había enfatizado que Provincia y Ciudad de Buenos Aires se quedan con el 90% de los aportes federales para el transporte y que esa política no marcaba el tinte federal que pregona el presidente Mauricio Macri en sus discursos.

Elías de Pérez, en ese sentido, recordó que a partir de este año, los subsidios al transporte público son responsabilidad de cada provincia y no del Gobierno Nacional, como era antes. “Esto es posible gracias a un reparto más federal de los recursos fiscales. De todas formas, para compensar a las provincias en esa transición, se creó el Fondo Compensador del Interior. De ese fondo, $ 5.000 millones son para los subsidios al transporte público y a Tucumán le corresponde el 12,85% de esa cifra”, dijo.