GINEBRA, Suiza.- Un reporte de Naciones Unidas sostiene que fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron y dispararon a jóvenes, les plantaron drogas, armas y manipularon evidencia para que pareciera que resistieron al arresto, como parte de una estrategia para neutralizar a la oposición.

El gobierno venezolano informó de 5.287 muertes de delincuentes que resistieron a la detención el año pasado, y 1.569 hasta el 19 de mayo de 2019.

Según el informe, hay una estrategia de la administración del presidente Nicolás Maduro “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

El informe elaborado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU, Michelle Bachelet, que se basó en 558 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones, sostiene que muchas de las muertes parecían ejecuciones extrajudiciales de fuerzas de seguridad y habla de “escuadrones de la muerte”.

La Alta Comisionada dijo que su oficina documentó 66 muertes durante las protestas de enero a mayo, de las cuales atribuye al menos 52 a fuerzas gubernamentales.

Bachelet señala a policías, militares y grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, importantes para “imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

Familias de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) en camionetas negras, sin placas, habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas. “Separan a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles”, relata el informe.

“En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y disparado contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’”, añadió.

Bachelet, que estuvo en Venezuela en junio y presentará hoy el informe al Consejo de Derechos Humanos, dijo que el Gobierno se comprometió a solucionar “algunas de las cuestiones más espinosas” entre ellas el uso de la tortura y el acceso a la justicia.

El informe sostiene además que el Estado no cumple con garantizar el derecho a la alimentación y la atención de salud.

“Existen pruebas razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”, sostuvo la ex presidenta chilena, que aboga porque el chavismo adopte medidas inmediatas para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos.

Entre las 13 medidas urgentes propuestas se destacan la liberación de los presos políticos, la disolución de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) y el cese de la persecución política.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, agregó Bachelet en el comunicado que acompañó el informe.

El gobierno de Venezuela, en un anexo al reporte, criticó la metodología de la ONU porque, dijo, usó fuentes parciales. “En este documento se privilegian excesivamente fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”, sostiene la respuesta. (Reuters)