Una nueva polémica surgió por los cambios que se produjeron en el área Institutos Penales de la provincia. Luego de la renuncia de Carina Assad, la funcionaria involucrada en el caso judicial por el ingreso de pastillas al penal de Concepción, el Ministerio de Seguridad habría decidido no nombrar un reemplazante en el cargo de subdirectora, pero sí poner a tres personas para realizar tareas de control. Una de ellas ya había sido denunciada en la Justicia por presuntos apremios ilegales a un interno.

Fuentes judiciales informaron que en el Poder Ejecutivo (PE) se les había informado que Juan Zaracho, actual coordinador Interjurisdicional de la cartera de seguridad, estaría al frente de una comisión de seguimiento del servicio penitenciario. Con él trabajarían Luis Peñalba, que controlaría lo que sucede en las unidades dos, tres y 10; y Mirta Monteros, que tendría bajo su responsabilidad lo que suceda en las unidades cuatro, cinco, seis y nueve. Esos movimientos fueron desmentidos por los funcionarios del área gubernamental durante la jornada.

El dato no fue muy bien recibido en los juzgados de Ejecución y Sentencias, puesto que la funcionaria que habría sido elegida ha sido denunciada por apremios ilegales en agosto de 2017 por un grave incidente que se produjo en el penal de Concepción, donde se desempeñaba como subdirectora. Después del hecho, la comisaria fue trasladada a la cárcel de Villa Urquiza donde continúa prestando funciones.

Ese hecho había generado un escándalo a nivel institucional. Funcionarios del Servicio Penitenciario de la Nación se encontraban de visita en nuestra provincia para dictar unas jornadas sobre cómo debían ser tratadas las personas que estaban privadas de su libertad. Entre las actividades, estaba programado un recorrido en el penal de Concepción. Participaban los funcionarios nacionales, los jueces de Ejecución y Sentencia, la titular de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y defensores oficiales.

Cuando caminaban por el penal, un preso se abalanzó sobre la jueza Alicia Merched para contarle que había un interno al que lo estaban castigando y se encontraba encerrado en condiciones inhumanas. La magistrada comenzó a buscarlos hasta que lo encontró encerrado en pequeño calabozo, sin baño, encadenado a un grillete y herido.

El caso

Al observar la situación, la defensora oficial María Carolina Ballesteros (actualmente jueza de Instrucción) interrogó al preso. El detenido le dijo que se encontraba en esas condiciones desde hacía tres días. Recalcó además que las heridas eran las perdigonadas de balas que había recibido porque los guardias lo usaban de blanco cuando jugaban a algo parecido al videojuego conocido como “Counter Strike”, en el penal. Acusó a Monteros de haber ordenado que lo encierren de esa manera.

Los funcionarios del Servicio Penitenciario negaron la versión del detenido. Dijeron que había sido herido cuando intentó subirse a los techos del penal para iniciar una protesta. Al mismo tiempo, dijeron que tenía problemas psiquíatricos y que se había intentado quitar la vida en más de una opoertunidad. No acompañaron actuaciones sobre el incidente en el que resultó herido; tampoco acompañaron una historia clínica y; mucho menos, explicaron por qué el recluso se encontraba encadenado.

Ballesteros, entonces, realizó un pedido de hábeas corpus a favor del detenido, planteo que fue aceptado por Merched. La magistrada dispuso medidas de protección a favor del reo y pidió que todos los funcionarios que se encontraban mencionados en el hecho fueran investigados. Los resultados de esa investigación no trascendieron.