Despegó de la Ciudad de Buenos Aires a la madrugada, y se encontró con una mañana soleada y perfecta para emprender el camino hacia Amaicha del Valle, donde ayer inauguró un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) itinerante (se informa por separado). Camino a la montaña, Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, renovó sus críticas a la concepción institucional del Gobierno provincial y anticipó su intención de continuar en el cargo si el presidente Mauricio Macri logra la reelección (ver “Será un honor...”). Tras lamentar la proliferación de procedimientos de cobertura de vacantes de los Tribunales alternativos a la Constitución local, el ministro dio una definición acorde con el clima de polarización política vigente. “Tucumán tiene el modelo judicial kirchnerista”, reflexionó.
Según Garavano, el esquema que promueve la senadora y candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner implica un “desprecio” al Poder Judicial, y se caracteriza por la resistencia a nombrar jueces, fiscales y defensores estatales a partir de los concursos públicos constitucionales. “Ustedes, los tucumanos, saben bien lo que esto significa”, opinó. En otro tramo de la conversación reiteró su inquietud por la falta de implementación de las leyes que protegen a testigos y a víctimas, y asisten a adictos: este es uno de sus reclamos públicos al gobernador Juan Manzur. Esas normas fueron sancionadas hace más de una década, pero su impacto es nulo porque carecen de recursos o de reglamentación, como denuncia desde hace años la Comisión de Víctimas de la Impunidad con Alberto Lebbos a la cabeza. “Hay una deuda pendiente que la Nación, mientras tanto, trata de cubrir con sus propios programas dirigidos a la protección de las víctimas y de los testigos de delitos. Es importante que lo sepan”, dijo Garavano.
El ministro comentó que venía a inaugurar el cuarto CAJ instalado por su Ministerio en Tucumán -hay 90 en todo el país- y el segundo con la modalidad móvil destinada al corredor Norandino (el primero funciona en Susques, Jujuy). “Estamos aquí con el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, porque este proyecto brinda asistencia legal y médica a quienes viven generalmente aislados en el ámbito de la precordillera, y por esa razón fue reconocido por las Naciones Unidas”, celebró.
-¿Los CAJ y, en especial, este centro móvil de Amaicha acaso no están asumiendo funciones que corresponderían a los juzgados de Paz?
-Hacemos un abordaje distinto e integral. No sólo asistimos para solucionar conflictos, lo que podría derivar en una visita al Juzgado de Paz, sino también para el ejercicio de los derechos. En estos lugares es posible acceder a programas de la Anses, del PAMI y del Renaper. Es una apertura completa del Estado, en este caso en Amaicha. El problema de los juzgados de Paz y de casi todo el sistema de Justicia es que tienen barreras que la gente no logra pasar: nosotros queremos romperlas.
-El senador justicialista Guillermo Snopek dijo recientemente que a la Casa Rosada sólo le interesaba cubrir las vacantes de la Justicia Federal porteña y bonaerense, y que, por ello, el peronismo iba a detener el trámite de las designaciones, entre ellas de seis para Tucumán, y a esperar que pasen las elecciones. ¿Esta tesitura puede ser revertida ahora que el senador Miguel Ángel Pichetto forma parte del oficialismo?
-Es una pena que el Senado no apruebe los pliegos y complete el procedimiento de designación previsto en la Constitución. Se trata de jueces, fiscales y defensores oficiales elegidos después de una serie de exámenes muy rigurosos. Nuestra Justicia está objetada porque tiene el 25% de los cargos vacantes. El Gobierno hizo un esfuerzo enorme y logró la aprobación de más de 250 pliegos de magistrados, pero todavía quedan en el Senado alrededor de 130 nombramientos para todas las jurisdicciones del país y no solo para la Ciudad de Buenos Aires. En el Ministerio de Justicia casi no tenemos ternas pendientes de resolución y nosotros esperamos que el Senado cumpla su tarea institucional ya sea mediante la aprobación de las designaciones o el rechazo de aquellas que considere que no corresponden. Como lo han expresado en Unidad Ciudadana, hoy vemos que existe un desprecio hacia el Poder Judicial que se traduce en el incumplimiento de las leyes y en la decisión de no cubrir las vacantes en forma definitiva. Recordemos que el Gobierno anterior decidió usar los jueces interinos nombrados “a dedo”. Nosotros impulsamos una ley que prevé un mecanismo transparente de selección de conjueces por sorteo con acuerdo del Congreso. La evolución es muy grande. Pero pareciera que algunos quieren volver para atrás en esta materia institucionalmente tan sensible que ustedes, los tucumanos, conocen bien porque la sufren.
-Da la sensación de que el futuro de las designaciones que quedaron atrapadas en el Senado dependerá de quien gane los comicios, ¿no?
-Nosotros tenemos la expectativa de que el Senado pueda avanzar con los pliegos. Hay incluso 70 que ya tienen dictamen de la comisión respectiva. Esperamos que después del 22 de junio, cuando venza la fecha de presentación de las candidaturas, la Cámara Alta retome la senda del trabajo y en definitiva podamos seguir cubriendo las vacantes como manda la Constitución.
-Entre las ternas que su Gobierno aún no definió está la de la Cámara Nacional Electoral... (N. de la R.: el juez federal tucumano N°1, Daniel Bejas, integra ese terceto).
-Es un cargo muy importante, y todavía estamos buscando el consenso interno y externo. Sin duda es un pliego que debe tener un gran apoyo y estamos tratando de construirlo, como sucedió con el caso de Laureano Durán, candidato a juez de la provincia de Buenos Aires, tal vez el distrito electoral más significativo del país.
-¿Qué opina de que el Colegio de Abogados de la Capital tucumana acaba de judicializar la figura del auxiliar de fiscal escogido en forma discrecional que impulsó el Gobierno de Manzur?
-Tucumán tiene el modelo judicial kirchnerista. Están haciendo aquí lo mismo que lo que el kirchnerismo hizo con la Justicia Federal y nacional: intentan por distintos mecanismos implantar jueces, fiscales y defensores por fuera de los mecanismos previstos en la Constitución y en las leyes. Es decir, generan atajos para designar a funcionarios vulnerables, que no ofrecen las garantías de independencia debidas. Eso produce un alto nivel de impunidad: la sociedad siente eso, que no hay castigo para el delito; que no puede ejercer sus derechos; que es muy difícil litigar contra el Estado o enfrentarse a lo que este es, cuando, en realidad, la función de la Justicia es poder salvaguardarnos a nosotros frente a cualquier abuso estatal. Me apena que en la Argentina se sigan generando esquemas para burlar el sistema constitucional, sobre todo la independencia judicial.
-¿El programa de veedores de causas provinciales que su gestión intentó montar en Tucumán fue una oportunidad perdida?
-Como hemos hablando en distintas entrevistas a lo largo de estos años, la verdad es que es la propia provincia la que debe darse su sistema institucional acorde a la Constitución y eso es una discusión que pertenece a los tucumanos. Nosotros intentamos ayudar para ir en esa dirección y un ejemplo de eso es la instalación de la oralidad en la Justicia civil de esta provincia: 23 juzgados locales ya forman parte de esta experiencia que aumenta la transparencia y el contacto de la ciudadanía con los jueces. Las audiencias aceleran y mejoran el trámite escrito. Pero, en áreas como la Justicia penal, lo que veo es que sigue habiendo interferencias muy grandes del poder político y eso es algo que sólo los tucumanos pueden modificar, más allá de que desde la Nación podamos ofrecer una mirada crítica. A veces la gente cree que esto no es relevante, pero las provincias que atraen más inversiones y empleos son aquellas que tienen instituciones más vigorosas, y sistemas de Justicia sólidos y respetables. Me parece que este es el reto de los tucumanos.