El martes, cuando la Legislatura vuelva al recinto luego de casi tres meses de letargo por la campaña electoral, se discutirá un tema que, hasta ahora, eludió la habitual “grieta” entre el oficialismo y la oposición: la crisis en el sector azucarero y su impacto en la producción del bioetanol.

A través de un proyecto de resolución firmado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ), el cuerpo legislativo le solicitará al Ejecutivo nacional que “arbitre los medios necesarios para adecuar la fórmula de determinación del precio del bioetanol”. El objetivo: que se “garantice los costos de producción, rentabilidad razonable y la seguridad jurídica para incentivar la inversión”.

Además, la propuesta exhorta al Congreso nacional “a declarar el biocombustible como recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales”.

El proyecto comenzó a gestarse a partir del martes a la tarde, cuando el ministro de Producción, Juan Luis Fernández, visitó la sede legislativa de Muñecas 951 para reunirse con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y con legisladores del oficialismo y de la oposición. En el encuentro se analizó la situación de la industria azucarera ante la falta de financiamiento y las dificultades para afrontar la zafra. También se debatió sobre las posibles vías para gestionar una posible mejora en el precio del bioetanol, que no creció al ritmo de las naftas.

Ese es uno de los puntos clave del proyecto conjunto, que firmaron Raúl Albarracín (UCR), José María Canelada (UCR-Cambiemos), Ariel García (UCR), y los oficialistas, Osvaldo Morelli (preside la comisión de Producción), Sandra Mendoza, Mariela Reyes Elías y Ramón Roque Cativa. “Entre octubre de 2017 y abril de 2019, el Gobierno nacional dispuso un incremento del 86% en la nafta súper, del 101% en el gasoil y sólo del 35% en el bioetanol de caña, valores que ni siquiera se condicen con los parámetros inflacionarios”, argumentaron los legisladores en los fundamentos. Señalaron que la modificación en la fórmula del biocombustible “obligó a la promoción de amparos judiciales que prosperaron y que obligaron a observar el sistema establecido”.

Los autores del proyecto reclamaron la puesta en marcha de “reglas claras”. Según explicaron, la falta de certezas respecto a los valores del biocombustible “genera perjuicios económicos y una verdadera inseguridad jurídica para quienes invirtieron para la producción de etanol, desalentando de modo palmario la inversión en dicho sector”.

Compararon además la situación con Brasil, que entre 2016 y 2018 impuso el programa RenovaBio. “Hay más de 40.000 estaciones de servicio que ofrecen etanol en sus surtidores”, indicaron los legisladores. Y destacaron que incluso otros distritos del país fomentan su utilización. “En ciudades como Rosario, los colectivos urbanos funcionan con biodiesel al 100%”, añadieron.

Albarracín consideró que la situación es “preocupante”. “Necesitamos respuestas de parte del Gobierno nacional. Una política acertada de biocombustibles permitiría un desarrollo federal y equitativo del país, una mejora en la balanza comercial y eficientizaría la utilización del combustible, generando empleo y agregando valor en origen”, señaló el impulsor de la iniciativa.

La intención del oficialismo es que la propuesta sea tratada el martes. Para ello hay dos alternativas: que el proyecto reciba dictamen favorable de la comisión de Producción; o que se habilite su tratamiento sobre tablas, el día de la sesión, lo que requiere el apoyo de dos tercios del recinto. El consenso entre las fuerzas indica que ambas vías son posibles.