Como este año hay elecciones, el Gobierno aguardará a que aquellas pasen para cumplir el deber constitucional de llenar las vacantes de la Justicia con postulantes surgidos de concursos públicos de antecedentes y de oposición. Total, los Tribunales siempre pueden esperar y, por añadidura, los conflictos que amenazan la paz social. La estrategia de “gobernar es postergar” decisiones trascendentes para la calidad institucional ha sido la política permanente de esta gestión y las autoridades están dispuestas a sostenerla hasta el final, con la expectativa de que ese no hacer les depare un premio: seguir un período más al frente de los departamentos Ejecutivo y Legislativo. La paradoja -¡ay!- es que se suponía que los líderes buscaban el poder para transformar la realidad, por ejemplo, para quebrar la injusticia y revertir la inseguridad jurídica. Tener el poder serviría para satisfacer necesidades de otro tipo en “Trucumán”.
El servicio público concebido en función de los intereses personales de ocasión ha dado como resultado cero nombramiento de jueces, fiscales y defensores oficiales en lo que va de 2019. La sequía se prolongará un mes más: lo anunció “sinceramente” Regino Amado. En los últimos cuatro años, el trabajo del ministro de Gobierno y Justicia, y candidato a legislador oficialista, ha consistido en poner la cara a la inacción injustificable. Cada tanto, Amado ha prometido que las designaciones iban a llegar; que ya venían; que faltaba poquito; que era cosa de días, minutos y segundos, etcétera. Cada cobertura ha sido un parto de primeriza, salvo cuando, claro, a la conveniencia circunstancial le pintó un alumbramiento “en catarata”. Esa voracidad decidora ocurrió al menos dos veces durante este ciclo: a días de recibir la terna y del fallecimiento del vocal Antonio Gandur, el gobernador Juan Manzur nombró a sus colaboradores Juan Ricardo Acosta y Daniel Leiva respectivamente en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
La designación de Acosta dio frutos inmediatos. Un mes y medio después de su juramento, el ex viceinterventor del Subsidio de Salud y Horacio Castellanos detonaron en dos actos las cláusulas constitucionales que obligaban a celebrar las elecciones en agosto en lo que un príncipe del foro califica como uno de los juicios con repercusión institucional más cuestionables de la historia reciente. Hay que hacer mérito para lograr semejante “título”. La Sala I lo consiguió al ofrecer al oficialismo una sentencia ajustada -otra vez- a sus planes electorales del momento. Así concluyó la carrera de Castellanos, que goza de la jubilación con el 82% móvil, y así empezó la de Acosta, quien en teoría tiene por delante más de dos décadas en la magistratura.
El ingreso de Leiva al alto tribunal se inscribe en la lógica de dominación directa de los organismos de control. Léase manejar la Justicia desde adentro. La presencia del ex fiscal de Estado de Manzur en la Corte sería el comienzo de la construcción de una mayoría: es posible que quien gane estas elecciones adquiera el derecho de cubrir una o dos vocalías más en ese estrado de cinco lugares, si son ciertos los rumores respecto de René Goane y de Antonio Daniel Estofán. Por lo pronto, Leiva, Estofán, Daniel Posse y Claudia Sbdar acaban de convalidar al auxiliar de fiscal, que es otra consecuencia del afecto nulo por el sistema de selección de acusadores fundado en el mérito y la igualdad de oportunidades previsto en la Constitución.
Como el Gobierno prefiere no llenar las vacantes de la forma que garantiza la independencia y hay que dar respuesta al delito porque la inseguridad aprieta, bueno es el atajo -fabricado por el propio oficialismo- de colocar en los ministerios públicos a auxiliares escogidos a dedo por Edmundo Jiménez y Washington Navarro, dos funcionarios cuya afinidad con los gobernantes es vox populi. Los “Danieles” avalaron esta delegación de las funciones judiciales, pese a que el artículo 3 de la Constitución de Tucumán la prohíbe en forma expresa y responsabiliza solidariamente a quienes la toleran (Sbdar se diferenció y emitió un voto basado en cuestiones formales). Lucen sincronizadas las decisiones de diferir las designaciones debidas y de suplirlas con funcionarios precarizados cuya estabilidad depende del estado de ánimo de sus superiores.
Ora por la falta de apuro para resolver las ternas o por el apuro de nombrar “gente propia”, ora por la creación de mecanismos alternativos al concurso y “permeables” al nepotismo, como las subrogancias y los auxiliares, esta conducción política ha demostrado como ninguna otra hasta dónde llega el temor a una Justicia autónoma. Un observador del fenómeno conecta este proceder con el “efecto pedagógico Comodoro Py” y el terror al avance de las denuncias de corrupción. Así como los nombramientos con velocidad de delivery de Acosta y de Leiva son una cara de la moneda, la contracara podría estar configurada por las polémicas incorporaciones del juez Facundo Maggio, el sobrino político de Jiménez que como abogado participó en los expedientes oscuros “Teves” y “Rigourd”, y de Claudio Bonari, el fiscal que admitió tácitamente que no había podido investigar la causa de los gastos sociales legislativos. Este Gobierno también inauguró la costumbre de poblar la Justicia con titulares de certificados analíticos universitarios plagados de aplazos. El caso extremo de esa tendencia digna de Ciudad Gótica fue el intento fallido de nombrar camarista de Apelaciones interino a Walter Ojeda Ávila.
Tantos reveses y malestares han llevado a quien dice que “cuida a los tucumanos” a cuidarse de meter la pata por lo menos hasta el test de junio. Donde manda la especulación carece de importancia la necesidad de aliviar a la población. Para comprobarlo basta con observar la inanición de la Justicia de Paz, a la que el Gobierno está matando con su indiferencia. Si así trata la política al Poder Judicial en la temporada alta, como llama Manzur a la campaña, ¿qué será de los Tribunales cuando los votos den su veredicto? Los hechos aniquilan las ilusiones de un presente distinto.