A menos de un mes para que se celebren las votaciones, la Junta Electoral Provincial (JEP) denunció ante la Justicia Federal y la Justicia Penal que corroboró que 451 electores del interior fueron indebidamente ingresados al padrón que confecciona la Cámara Nacional Electoral, y reclamó la urgente investigación para corroborar si se trata de un delito penal. Los casos se confirmaron en diversas localidades, principalmente en la Comuna de Gobernador Garmendia, donde se hallaron 105 ciudadanos “no residentes”.

A través de un comunicado, la JEP informó las actuaciones se originaron con 15 denuncias presentadas pero varios ciudadanos y que las constataciones se realizaron in situ por personal de la JEP con la colaboración con la Secretaría Federal Electoral de Tucumán.

El secretario de prensa del órgano encargado de los comicios, Carlos Amaya, explicó que durante las verificaciones se toparon con casos de todo tipo, como decenas de votantes con un mismo domicilio. También con gente que explicaba que a quien buscaban no vivía en esa casa o de personas que decían que el requerido siempre estaba en el trabajo.

“Además de esa constatación, se hizo un cruce con los padrones de 2011 y 2015. En algunos casos se vio coherencia, porque tenían el mismo domicilio. En otros casos se constató que en un domicilio vive una familia y aparece (en el padrón) que son 15 o 16 personas”, ejemplificó.

Ante esta situación, las autoridades de la Junta, Daniel Posse (presidente de la Corte Suprema), Edmundo Jiménez (ministro Fiscal) y Washington Navarro Dávila (ministro de la Defensa), ordenaron que los votantes “no residentes” sean “revertidos” a los domicilios en los que figuraban en elecciones anteriores para que no pierdan su derecho a votar.

En Garmendia, localidad ubicada a cinco kilómetros del límite con Santiago del Estero, se habían denunciado a 308 personas, pero sólo se corroboraron 105 casos. En la ciudad de Burruyacu se constató que 104 de 107 individuos denunciados no viven en los domicilios declarados. Lo mismo ocurrió Sargento Moya (41 personas); Los Puestos (31); Comuna de Los Pérez (71); Finca Mayo (44); San Agustín (10); Simoca (5) y en la Comuna de Río Chico y Nueva Trinidad (40).

La Junta indicó también que aguardan por informes de la Secretaría Electoral Federal de Tucumán respecto a constataciones realizadas en localidades de Teniente Berdina (Monteros), Las Cejas (Cruz Alta) y El Naranjo y El Sunchal (Burruyacu). En la última comuna, el dirigente Luis Zelaya afirmó, en base a una investigación hecha de manera particular, que habría en el padrón casi 280 personas no residen en el pueblo y más de 30 fallecidos.

Cuestionamientos

El comisionado rural de Garmendia, José “Gallito” Gutiérrez, afirmó que no comparte la decisión tomada por la Junta “bajo ningún punto de vista”. “Desde que yo me inicié en la política que Tucumán presta servicios a mucha gente de Santiago del Estero. Ellos optan por tener el domicilio en Tucumán, y no hay argumentos jurídicos que lo prohiban a una familia tener el domicilio en el lugar donde se le prestan los servicios esenciales”, opinó Gutiérrez, que se postula para legislador por el este por el frente Justicialista por Tucumán.

El intendente oficialista de la ciudad de Burruyacu, Jorge Leal (h), consideró que es “insignificante” el tema. “Son celos propios de algunos que tienen intereses de ser concejal”, dijo, y apuntó directamente contra la oposición. “Los que hacen denuncias son los que nunca tienen votos, y ellos hacen lo mismo por atrás”, se despachó.

Leal, que que buscará la reelección en la Intendencia y también se postulará para legislador por el acople oficialista Acción Regional, agregó: “se fijan en pueblos chicos, no en Banda de Río Salí o en la capital. La ley tiene que ser pareja para todos”, se quejó.