La pesquisa por amenazas contra un testigo de un homicidio tuvo una inesperada derivación. La Justicia investigará ahora las presuntas irregularidades que habría cometido el personal de la ex Brigada de Investigaciones, que tiene a su cargo el control de las personas detenidas en el lugar. Al parecer, se habrían encontrado indicios para sospechar que los detenidos pagaban para recibir privilegios, evitar traslados y hasta organizar actividades ilícitas en el lugar de encierro.

La fiscala Adriana Giannoni, ni bien finalizó la feria judicial, recibió una insólita denuncia. Los familiares de un testigo clave de un homicidio, que estaba detenido por un robo en la Seccional 4ª, se presentaron en Tribunales para denunciar que estaba recibiendo mensajes del supuesto autor del crimen, que estaba privado de su libertad en la Alcaldía del edificio que está ubicado en Junín al 800.

Secuestraron más de 12 celulares de los calabozos de la Ex Brigada

Los mensajes, según confiaron fuentes judiciales, fueron enviados y recibidos en celulares que no deberían haber estado en mano de ninguno de los dos detenidos. Por ese motivo, ordenó que se realizaran allanamientos en cada una de las dependencias policiales. En Barrio Norte, se incautó una docena de aparatos, mientras que en la comisaría de San Cayetano, ninguno.

Los resultados

Giannoni, al no poder establecer cuál de los aparatos pertenecía al denunciado, ordenó que el Equipo Científico de Investigación Fiscal (Ecif) analizara cada uno de los teléfonos incautados. De allí, según confiaron fuentes judiciales, habrían surgido elementos para investigar al menos cuatro posibles delitos. Ellos son:

1° Causa: en los teléfonos se encontraron indicios de que los que allí estaban detenidos podrían haber abonado sumas mensuales para gozar de beneficios como, por ejemplo, tener celulares o estar en los lugares más cómodos del arresto.

2° Causa: también descubrieron charlas que les hicieron sospechar que los arrestados, a cambio de dinero, habrían evitado su traslado al penal de Villa Urquiza, pese a que ya se les había dictado la prisión preventiva en su contra.

3° Causa: fuentes judiciales informaron que en el análisis de los celulares surgieron evidencias de que los detenidos podrían haber pagado para recibir protección por parte de los policías que estaban encargados de custodiarlos.

4° Causa: también sumaron indicios de que uno de los detenidos, desde su lugar de encierro, podría haber continuado desarrollando negocios vinculados al tráfico de droga. Al realizar el mensaje, el sospechoso habría enviado directivas a su entorno para que realicen supuestas operaciones.

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Giannoni, que conduce las dos fiscalía de Homicidios, se declaró incompetente y remitió todas las actuaciones a su par Mariana Rivadeneira. Ella deberá definir qué hacer con las pruebas encontradas y si le remitirá a la Justicia Federal copias de expediente para que investigue una posible causa de drogas.

Sección Alcaldía

En el edificio de la ex Brigada de Investigaciones funciona la sede de las divisiones, Delitos contra la Propiedad, Contra las Personas, Sustracción de Automotores, Telemáticos y Laboratorio Fotográfico. Pero el personal que será investigado por estas supuestas irregularidades, serán los que trabajan en lo que se conoce como la Sección Alcaldía.

La función de este grupo consiste en el cuidado de los detenidos que están allí alojados. También son los responsables de trasladarlos a Tribunales, a algún hospital si es que necesitan ser atendidos por un profesional y a Villa Urquiza.

“Desde el mismo momento en que se secuestraron los celulares se inició un sumario administrativo para tratar de aclarar cuál fue la responsabilidad de cada uno de los integrantes de ese cuerpo en este caso. Pero ahora, al descubrirse estas novedades, se profundizarán todas las medidas que veníamos desarrollando”, aseguró el comisario Carlos Castro, titular de la Dirección General de Investigación y Delitos Complejos (ex Brigada).

“El mensaje debe ser claro. No podemos tolerar este tipo de hechos. Independientemente de lo que haga la Justicia, se realizarán las actuaciones correspondientes para sancionar a los que cometieron alguna falla”, concluyó Castro.