Es sinónimo de explotación, de evadir la ley, entre otras cosas. “Estar en negro” es una expresión muy frecuente, tanto que refleja un problema crónico de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) acaba de difundir su informe sobre el empleo informal durante 2018 y Tucumán ocupa nuevamente uno de los primeros lugares en el país. El organismo indicó que la desocupación en el aglomerado urbano Gran Tucumán-Tafí Viejo pasó de 7 a 7,6%; es decir de 27.000 a 30.000 desocupados en un trimestre, por encima de la desocupación promedio registrada en el NOA, que fue del 7,2%.

El alcance de la informalidad laboral (“asalariados sin descuento jubilatorio), muestra en el relevamiento a Salta con el 46,5%, Tucumán con el 45,9%, Santiago del Estero con el 45,5%, San Luis con el 43,7% y San Juan con el 43,2%. El porcentaje tucumano indica que alrededor de 128.000 personas no pudieron gozar de beneficios previsionales ni de una obra social porque no se les efectuaban los aportes de ley. Esta realidad no es nueva porque en las últimas mediciones nuestra provincia ocupa uno de los cinco primeros lugares.

Entre las causas de este problema crónico en Tucumán, un experto mencionó la existencia de una economía paralela, ilegal y en negro que no paga impuestos, servicios ni alquileres, el desmedido cuentapropismo; la competencia desleal que debe soportar el empresario que tiene sus trabajadores registrados, por parte de toda esta economía ilegal y de otros “empresarios” que lucran con la necesidad de sus empleados; el derrame que hace el Estado nacional y provincial mediante la multiplicidad de planes sociales que llega a muchísimos habitantes en la provincia, lo que provoca el desinterés de la gente en tener trabajos registrados ya que si su CUIL figura activo en la Anses, pierden los planes sociales; la falta de un sistema de simplificación registral para que un emprendedor pueda blanquear a sus empleados en forma simple y sin mayores costos iniciales, que se suman a los que deben afrontar mensualmente sobre los sueldos pagados al personal.

Los empleadores que eluden esta norma se valen de la necesidad y la desesperación de la gente, que renuncia a sus derechos de protección social, a cambio de percibir un sueldo que le permita subsistir. Pero esta situación le provoca perjuicios porque no puede acceder a una obra social (tampoco su familia) y el patrón no le efectúa los aportes jubilatorios. El costo laboral y la presión tributaria son los argumentos de los empleadores transgresores para no poner “en blanco” a sus trabajadores.

La Ley Nacional de Empleo N° 24.013 señala que “la política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos”.

La informalidad perjudica a las reparticiones recaudadoras del Estado y lo más grave es que coloca al trabajador -a quien deberían proteger los sindicatos- en una situación de precariedad. Nos parece que el empleo “en negro” debe ser combatido con severidad por la sencilla razón de que está fuera de la ley.