José Ardiles, subsecretario de Seguridad, no dio demasiadas vueltas. “He puesto a disposición del ministro (Claudio) Maley y del gobernador (Juan) Manzur mi renuncia. Tengo la conciencia tranquila de haber actuado como corresponde”, indicó. Él es uno de los ex funcionarios que deberían ser investigados por el ascenso del comisario Enrique García, jefe de la comisaría de Raco, condenado por las irregularidades que se cometieron en el hallazgo del cuerpo de Paulina Lebbos.

El tribunal, integrado Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti, además absolver a Roberto Gómez (acusado de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la joven) y de condenar a Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza), Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) y Waldino Rodríguez (ex policía) por encubrimiento y otros delitos; ordenó que el fiscal Diego López Ávila inicie nuevas investigaciones.

Los jueces pidieron que se investigue a César Soto (ex pareja de la víctima), a Sergio Kaleñuk (uno de los mencionados en la pista de los “hijos del poder”) y a Ernesto Atim (empleado de una empresa de telefonía móvil), al sospechar que podrían haber secuestrado y asesinado a Paulina. Pero también decidieron profundizar la pista del encubrimiento del crimen y por ello solicitaron que más de una veintena de personas sean investigadas.

Una de esas líneas es determinar si a García lo ascendieron como premio por las irregularidades que cometió. Y su insistencia tiene una razón de ser: “los hechos (el encubrimiento) difícilmente se pudieron haber realizado sin algún tipo de conocimiento o aval de las esferas superiores del poder político”. Por eso solicitaron que se investigaran a todas las personas que formaron parte de las juntas que trataron la reincorporación de la fuerza y jerarquización del comisario que están cumpliendo condena en el penal de Villa Urquiza.

Además del actual senador José Alperovich (firmó el decreto como gobernador) y de Mario López Herrera (también puso su rúbrica en el documento ex ministro de Seguridad), aparecieron al menos tres funcionarios del área de Seguridad del actual Gobierno. Aunque reconocieron que se trató por problemas personales, renunciaron a sus cargos José Díaz (ex jefe de Policía) y Néstor Hugo Suárez (ex director del Servicio Penitenciario). El tercero es Ardiles.

“En esos momentos era jefe del Departamento Personal de la fuerza. Lo único que hice es informar sobre quién estaba en condiciones de ascender. No tomé ningún tipo de decisión, ni recibí presión alguna para beneficiar a nadie. Por eso estoy tranquilo”, agregó Ardiles en una entrevista con LA GACETA.

En un principio trascendió que Luis Ibáñez, actual secretario de Seguridad, podría haber integrado esa junta, pero al conocerse los fundamentos del fallo, se descartó esa posibilidad.

Francisco Picón, ex subjefe de Policía, renunció a su cargo horas antes de que se conociera la sentencia. Los jueces pidieron que se lo investigara por haber falsificado actas el día que se encontró el cuerpo.