Dos organismos internacionales manifestaron su repudio contra el Estado argentino por el caso de la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela y sometida a una cesárea.
Desde Naciones Unidas consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos, mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (organismo específico que monitorea que los Estados cumplan con los derechos de las mujeres) condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.
Garantizar la ILE
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a partir del caso. “El gobierno de la provincia la forzó a parir”, expresó la Acnudh en el comunicado.
“Aunque tanto la madre como la menor habían expresado su voluntad de acceder a una ILE, el procedimiento se dilató hasta las 23 semanas de gestación y finalmente Lucía fue sometida a una microcesárea”, resaltan.
La Legislatura ya no indagará en el caso de la niña de 11 años violadaLa información sobre lo que sucedió fue brindada al Acnudh por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Cladem es una organización especializada en litigio internacional y, junto a la Fundación Andhes, fueron los que acompañaron a Lucía y su familia para garantizar su acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
“Que Acnudh haya solicitado información refleja la preocupación internacional por la situación de violación de derechos que se está viviendo en Argentina, país con abundante legislación en relación a los derechos humanos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes”, expresó Adriana Guerrero de Cladem Tucumán.
A partir de esta información, Acnudh instó al Estado nacional a garantizar de manera oportuna el acceso a la ILE, de acuerdo con la normativa vigente en el Código Penal. El artículo 86 explica que el aborto es legal si una mujer fue violada o su vida o su salud corren peligro.
“La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos", dijo Birgit Gerstenberg la representante del Alto Comisionado para América del Sur.
Una fiscala, denunciada por su actuación en el caso de niña de 11 años violadaAsimismo, la Oficina instó al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica. Especifican que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad.
Además, Acnudh pidió al Estado garantizar a la niña su derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, así como servicios psicológicos y sociales.
“El Estado no podrá hacer lo que quiera con los Derechos de las Mujeres, las organizaciones estamos en alerta y la comunidad internacional está observándolos. No queremos más niñas madres en Argentina”, manifestó Celia Debono coordinadora de Cladem Argentina.
Garantizar los derechos humanos de la niña
Por medio de un comunicado, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) dio a saber que condena la violencia institucional a la que fue sometida la niña violada.
Al igual que el Acnudh, a partir de Cladem, tomó conocimiento del caso e inició acciones a nivel internacional para lograr garantizar los derechos humanos de la menor.
Los medios del mundo, sorprendidos por el caso de la nena de 11 años violadaEn la víspera del día Internacional de la Mujer, el Comité de Expertas envió al Estado Argentino un comunicado condenando la violencia institucional ejercida sobre la nena y recalcó que el personal de salud es responsable de garantizar el derecho a interrumpir un embarazo en los casos señalados (art. 86 del Código Penal). Resaltaron que el riesgo de salud para la mujer debe entenderse dentro del concepto de Salud Integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social.
El comunicado concluye instando “al Estado argentino a intensificar los esfuerzos para proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica de todas las mujeres y las niñas, así como a adoptar medidas de protección para que la niña y su madre se encuentren en un lugar seguro, sean atendidas por personal médico confiable y se establezcan medidas inmediatas de reparación”.