El rol de la fiscala Adriana Giannoni en el caso de la niña de 11 años violada deberá ser investigado por la Justicia. Ocurre que la diputada nacional radical María Teresita Villavicencio presentó una denuncia penal en contra de la investigadora. 

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El jueves, un día después de que se le practicara la cesárea a la niña violada, la ministra de Salud Rossana Chahla había asegurado que Giannoni había pedido que el embarazo de la nena continuara gestándose. Por ello, explicó, los médicos objetores de conciencia se rehusaron a realizar el procedimiento y se debió convocar a otros profesionales. Desde el Ministerio Público Fiscal, horas después, se emitió un comunicado en el que se desmintió la aseveración.

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Se conoció, sin embargo, que el 11 de febrero, 15 días antes del procedimiento, las autoridades del hospital recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni. Mediante el Oficio 10/2019, la fiscala informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que “en atención a los intereses de los menores involucrados” estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y los bienes desde la concepción. También les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no comunicaban al Ministerio Público de la Defensa o a quien correspondiese los malos tratos infligidos a los menores de edad.

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Esa actuación de la fiscala especializada en homicidios sustenta la denuncia de Villavicencio, quien concurrió a tribunales patrocinada por el abogado Juan Macario Santamarina. Le endilga la presunta comisión de los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre si.

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"La existencia del embarazo se conoce desde el 31 de enero, por lo menos, según denuncian los medios periodísticos, siendo realizada una cesárea, no una ILE, derecho consagrado por el artículo 86 del Código Penal en juego armónico con el artículo 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y de conformidad a la interpretación efectuada por Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case FAL, recién en fecha 26 de febrero, con casi un mes de atraso", redactó la diputada en la denuncia.

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"Durante este periodo de tiempo ocurrieron declaraciones llamativas y censurables por parte de Secretarios de Estado, una sospechosa y escandalosa objeción de conciencia generalizada y repentina con la menor víctima en el quirófano, la judicialización de la ILE en contra del fallo de la Corte y, todas las irregularidades que son de publico y notorio, que produjeron escándalo a nivel nacional y, que tornaban incomprensible la violencia institucional privando a la niña de los derechos más básicos previstos en el bloque de constitucionalidad federal, su vida, su integridad física, el derecho a elegir su proyecto de vida, y aun su propia intimidad mediante la difusión de su identidad por parte del propio arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez", continuó.