Un día después de la realización de una cesárea a una niña de 11 años que había sido violada, continúa el conflicto entre diferentes poderes del Estado. El Sistema Provincial de Salud y la Justicia continúan enfrentándose a través de comunicados de prensa.

Ayer por la mañana, la ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla, aseguró que la fiscala penal Adriana Giannoni ordenó que no se interrumpa el embarazo de la nena, producto del abuso sexual de un hombre de 65 años, pareja de su abuela.

Anoche, después de las 21, el Ministerio Público Fiscal distribuyó un parte de prensa a través de la aplicación de mensajes Whatsapp en el que desmentía la aseveración de la ministra de Salud.

“Indicación judicial”

“En el hospital del este (Eva Perón), tenemos dos ginecólogos que no eran objetores de conciencia. Estaban en el hospital, lo primero que dijimos es que los que no son objetores tienen que actuar. En este caso puntual, por una situación judicial que daba la orden de no interrumpir (el embarazo), los médicos no objetores de conciencia desistieron de hacer la operación”, relató Chahla ante las cámaras del programa Buen Día, de LA GACETA PLAY.

¿Qué orden judicial?, le repreguntaron los conductores, Gabriela Baigorrí e Indalecio Sánchez: “tuvieron una indicación judicial en el hospital de que tenían que seguir el control del niño y demás”. ¿Por parte de quién?, se le consultó: “la fiscal Giannoni. Dieron la orden al hospital de que se continúe con el control del embarazo. Está todo documentado”. Finalmente desde la cartera se trasladó a dos médicos que realizaron el procedimiento.

El caso trascendió fronteras y fue publicado por la prensa internacional: los portales CNN, El País, BBC, France24, The Sun y The Guardian replicaron la noticia.

El Ministerio de Salud reiteró la cronología de atención de la niña. Las autoridades de la cartera insistieron en que no obstaculizaron el acceso a la ILE, como denunciaron distintas organizaciones que defienden el derecho de mujeres y niñas.

La niña continúa internada en el hospital con una “buena evolución en su puerperio inmediato”, había explicado tras el procedimiento Elizabeth Ávila, directora del centro asistencial. Tras la cesárea, la neonata quedó internada en el servicio de neonatología, con “el tratamiento de un bebé prematuro de 660 gramos”. “Está bien, pasando por un puerperio. La cirugía, gracias a Dios, salió bien pero ella sigue siendo una niña de 11 años. El bebé es inmaduro, de una inmadurez extrema y en cuanto a las posibilidades de sobrevivir: son bajísimas. Muy bajas”, expresó Chahla.

Comunicado nocturno

“Ninguna fiscalía de este Ministerio Público emitió una orden judicial de no interrupción del embarazo de la menor”, se informó en el parte de prensa de la dependencia judicial encabezada por Edmundo Jiménez.

Sin embargo, el reporte explica que sí le habían remitido al secretario ejecutivo del Sistema Provincial de Salud -Siprosa-, Gustavo Vigliocco, un oficio sobre el cumplimiento de dos leyes de protección de niñas, niños y adolescentes en casos de abuso o maltratos. “A través del oficio Nº 11 del expediente 25/8, la doctora Adriana Giannoni procedió a comunicarles al Director del Siprosa que están vigentes las leyes provinciales 8.293 y 6.518 que protegen la vida, integridad y salud de todo Niño, Niña y adolescente y que estos derechos están consagrados en los artículos 40 inciso 1 y 4, y 146 de la Constitución de la provincia. En segundo lugar precisó al señor Director del Siprosa que si él o cualquier persona a su cargo tomaban conocimiento de malos tratos, abuso físico o mental o cualquier tipo de descuido o trato negligente de un niño, niña o adolescente debía comunicarlo a la autoridad pertinente por disposición expresa de la ley 6.518, aclarando que en estos casos la autoridad competente es el Ministerio Pupilar (no el Ministerio Fiscal)”, continúa el comunicado.

“El motivo principal del oficio radicaba en la necesidad de arbitrar los medios indispensables para proteger la salud e integridad de todo niño, niña y adolescente a tenor del artículo 3 de la ley 8.293”, finalizó el reporte.

Mejor opción

La ministra de Salud afirmó ayer que la cesárea fue la mejor opción para la paciente, cuya familia había solicitado un día antes una interrupción legal del embarazo (ILE, derecho vigente desde 1921).

Según los datos brindados por la directora del hospital, la niña llegó a ese centro asistencial derivada desde Burruyacu, el 31 de enero. “Se realizó una radiografía y se constata el embarazo, con una edad gestacional determinada por longitud femoral de 21,2 semanas. La médica tratante le explica a la madre de la niña los riesgos de continuar con el embarazo o de hacer una interrupción. Ante lo cual, la madre de la niña manifiesta su deseo de continuar con el embarazo y de hacerse cargo del niño por nacer. Firmado de puño y letra esta petición”, había narrado Ávila. El 25 de febrero, según el relato del Ministerio de Salud, la familia de la paciente firmó el consentimiento para solicitar una ILE. La operación -cesárea- se realizó la madrugada del miércoles de esta semana.

“Le digo a toda la gente, independientemente de si estaba a favor o en contra -porque no importa-, por la seguridad de la niña, para que no se muera, decidimos (la cesárea). Lo otro era inviable (por un aborto por otras vías). Si lo hubiéramos realizado tres semanas antes, también hubiéramos decidido por la misma vía. Es una cuestión exclusivamente técnica y médica, fue la mejor práctica clínica”, defendió la práctica la ministra.

Chahla aseguró, además, que no era posible realizarle un aborto a la paciente. “Era imposible practicar el aborto vía vaginal o por medicamentos. El cuello del útero tiene un desarrollo y una madurez biológica, que al no haber estado completado hace que sea muy pequeño y que el riesgo de hacer una práctica vaginal en este cuello tan inmaduro sea muy riesgoso de perforar, de hacer hematomas retroperitoneal y morir. El riesgo era muy alto pero no cambiaba si era (solicitado) en cualquier semana, aún con 18 semanas”, brindó información la funcionaria.