El Siprosa hizo una presentación en la Justicia donde informó que llevará adelante las acciones necesarias para interrumpir el embarazo de la niña de 11 años que había sido abusada por la pareja de su abuela. Tanto la menor de edad como su madre habían pedido este procedimiento en el Hospital del Este. La situación es crítica puesto que la niña cursa un embarazo que supera las 23 semanas de gestación.
Finalmente, se confirmó que se aplicará la práctica prevista en el fallo “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación. En esas circunstancias, el procedimiento no es punible -no genera responsabilidad penal- tanto para la mujer que lo requiere como para los profesionales que lo practican.
Dos organizaciones no gubernamentales locales, Andhes y Cladem, habían exigido respeto por la voluntad de la víctima y la puesta en marcha de los protocolos específicos mediante la emisión de un comunicado conjunto. El 22 de febrero, ambas entidades se presentaron en la causa de familia para manifestar su interés en participar en ella con el carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).
Según la sentencia “FAL”, los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos y han de practicarlos pidiendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
Al respecto, la Corte nacional añadió que los jueces no pueden convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho a interrumpir el embarazo en las circunstancias mencionadas, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, que quedan reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.
Casi dos meses de espera
Un centro de atención primaria de la salud del Este dio aviso del caso de la niña de 11 años tras detectar que estaba embarazada de 16 semanas. La víctima había acudido al establecimiento sanitario por dolores de panza. A continuación manifestó que la pareja de su abuela había abusado de ella cuando los dos se habían quedado solos en la casa.
La madre de la niña hizo la denuncia y el sospechoso fue aprehendido en virtud de una orden de María del Carmen Reuter, fiscala de Instrucción en lo Penal de esta ciudad. Luego trascendió que la Justicia había quitado la tutela legal a la progenitora en 2014 debido a que su concubino, que está imputado en otra causa penal, habría abusado a dos hermanas de la niña embarazada.