La Justicia inició una investigación para determinar las razones por las cuales en la comisaría de Yerba Buena se negaron a recibir la denuncia de una ciudadana que había sufrido un robo a pocos metros de la seccional. Con esto ya son cuatro los expedientes iniciados en Tribunales, en sólo 72 horas, con denuncias por presuntas irregularidades en el accionar de la fuerza pública.

Emilia (su apellido no se publica por expreso pedido referido a cuestiones de seguridad) concurrió al oficio religioso en la iglesia de Nuestra Señora del Valle, frente a la plaza de Marcos Paz. Dejó estacionado el auto sobre la calle Cariola. Cuando regresó, descubrió que desconocidos le habían robado el estéreo y otros elementos que había en el interior del vehículo.

La víctima del asalto, embarazada de cinco meses, fue a informar lo ocurrido en la comisaría que también se ubica frente a la plaza, sobre calle San Martín. Sin embargo, un cabo le informó que no podía tomarle la denuncia porque no estaba el oficial de turno. Y agregó que no había personal para realizar un rastrillaje.

Emilia asevera que en la dependencia policial había tres uniformados: el que la atendió y dos que tomaban mate en una sala contigua. Como ella insistió, el agente con el que hablaba llamó al servicio 911 para que hicieran un recorrido. Pero el móvil -afirma- nunca se presentó y entonces el uniformado le solicitó que fuera a radicar la denuncia en la comisaría de Marti Coll. Ella sostiene que se negó porque el robo no había ocurrido en esa jurisdicción. Dada la situación, le pidieron que regresara una hora y media después.

Enterada de lo que había sucedido, la fiscala Giannoni se comunicó con el personal de Yerba Buena sin decirles a los policías que era la madre de la víctima; les informó que se había enterado de lo que ocurría y remarcó que era deber del personal de la seccional tomar la denuncia. Ni siquiera entonces lo hicieron, explicó. Por la noche, la fiscala le envió un mensaje al jefe de Policía, comisario (r) José Díaz, para informarle la situación. Hasta ayer, dijo, no había recibido una respuesta.

Emilia decidió entonces formular la denuncia directamente en la Justicia. Ayer a la mañana se presentó en la Oficina de Atención Ciudadana. La causa será investigada por dos fiscales. Diego López Ávila se hará cargo del robo y Mariana Rivadeneira investigará si existe un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los uniformados.

“La gente debe comunicar este tipo de situaciones, ya que los uniformados que no quieran tomar la denuncia están cometiendo un ilícito. Bajo ningún aspecto pueden negarse a recibirla”, aseguró el fiscal López Ávila. “Se recomienda que ante este tipo de casos, denuncien el delito del que fueron víctimas y precisen que no les quisieron tomar el caso en la Policía. El personal está obligado a tener su nombre en el uniforme, por lo que pueden identificarlo”, señaló.

El fiscal dijo que pueden recurrir a otras oficinas de la fuerza o, directamente, a la fiscalía de turno o a la Oficina de Atención Ciudadana de Tribunales, en avenida Sarmiento. En la fuerza declinaron hacer declaraciones sobre el caso, pero sí dijeron que se iniciaó una investigación administrativa.