Cambiemos todavía no había cumplido un año en la Casa Rosada cuando el juez federal porteño Luis Rodríguez ordenó allanamientos en las secretarías de Obras Públicas, y de Coordinación de Comunas y Municipios de la Provincia de Tucumán. El magistrado hoy cuestionado por supuestas coimas dictó aquellas medidas en el ámbito de otra denuncia de posibles delitos cometidos con el plan de obra pública “Más Cerca” presentada por la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) contra su par en la Cámara Alta, el ex gobernador José Alperovich; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, entre otros funcionarios kirchneristas. Aunque Rodríguez dio indicios de que pretendía quedarse con el proceso, luego se declaró incompetente a partir de un dictamen del ex fiscal de Instrucción provincial y actual ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila. La indefinición de la competencia en los hechos frenó el caso “Más Cerca”, que aguarda una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán desde el 12 de abril de 2018.
El poco tiempo en el que el expediente estuvo en poder de Rodríguez fue suficiente para que el fiscal federal Carlos Stornelli llegara a pedir las declaraciones indagatorias del ex mandatario tucumano y de los demás funcionarios denunciados. La solicitud se topó con la inhibición del juez porteño, que adoptó el criterio de Navarro Dávila: según ambos, la causa “Más Cerca” debía ser tramitada en la Justicia provincial, como quería la funcionaria local Norma Elvira Belloni. Finalmente en Comodoro Py aceptaron el apartamiento de Rodríguez, pero remitieron la causa a la Justicia Federal de Tucumán.
A partir de aquel momento comenzó otra disputa por el control de las denuncias penales acumuladas desde 2013. El Poder Judicial local ratificó su competencia pese a que el juez Víctor Manuel Rougés afirmó que ese ámbito era “inidóneo” para enfrentar una investigación de tanta complejidad. En paralelo, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, pidió la indagatoria de siete funcionarios provinciales de segunda línea, incluida Belloni. Pero esa petición, como antes la de Stornelli, chocó contra la declaración de incompetencia del juez federal N°1, Daniel Bejas, pronunciamiento del 30 de noviembre de 2017 pendiente de revisión en la Cámara.
“La denuncia de Carolina Pochetti (viuda de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner) explica la decisión de Rodríguez en la causa ‘Más Cerca’. Pasan los años y el juez Bejas, ex apoderado del Partido Justicialista y de las empresas de Alperovich, sigue pisando los expedientes”, manifestó ayer Elías de Pérez. Luego de la presentación original de 2013 -que también lleva la firma del legislador radical Ariel García-, esa senadora hizo siete ampliaciones más de la denuncia en las que detalló las anomalías detectadas en los proyectos que el Gobierno nacional financió por alrededor de $ 245 millones (U$S 28,5 millones, según la cotización de la época). En términos generales, Elías de Pérez dio cuenta de sobreprecios; cambios de destino; inexistencia o paralización de obras, y ausencia de rendición de cuentas. El “Más Cerca”, plan emblemático del kirchnerismo, debía ser canalizado en Tucumán por medio del Ministerio de Interior que encabezaba el hoy vicegobernador Osvaldo Jaldo, área que intervenía en el desarrollo de los proyectos de municipios y comunas rurales.