“La clave para superar cualquier problema es el trabajo en equipo. Y creo que en Tucumán hay un trabajo fuerte en ese sentido: en los municipios, incluso de distritos de otras fuerzas políticas, en los poderes Legislativo, Judicial, con una decisión política del Ejecutivo”. Claudio Maley hace este balance luego de leer en LA GACETA que una docena de legisladores considera que el combate contra la inseguridad es la prioridad. “Todos buscamos el mismo objetivo: disminuir paulatinamente los índices delictivos”, indicó el ministro de Seguridad.

El funcionario indicó que está trabajando en la reglamentación del paquete de acciones de seguridad relacionadas con la vigencia de la Policía Municipal y el protocolo de actuación de los efectivos de las fuerzas de seguridad. Acerca de las denuncias realizadas por legisladores opositores en la Justicia, por la compra de armamento de origen israelí, Maley contestó que el gobernador Juan Manzur ha sido claro respecto del reequipamiento policial. “Además de esta cumpliendo con los plazos legales conforme al sistema de administración financiera, estamos dándole a los agentes un tipo de equipamiento con estándares de primer nivel global”, argumentó.

El Poder Ejecutivo dispuso la inversión de unos U$S 8,5 millones para la adquisición de 4.000 pistolas Jericho 9 mm; 4.000 chalecos blindados; 100 escopetas 12/70; 50 unidades del rifle de asalto IWI Tavor X95; 20 subfusiles Uzi Pro; 20 lanzagranadas IWI GL40; cuatro equipos de francotirador larga distancia (dos Galil y dos Dan); y cuatro detectores portables de existencia de vida a través de paredes. Este equipamiento, de origen israelí, será provisto por la firma Grupo Patagónico, con sede en Buenos Aires. “No hay calidad de ese tipo de armamento en el mercado interno y su vida útil es mucho más prolongada que cualquiera de origen nacional”, indicó el titular de Seguridad.

Maley recordó que la misma firma ha sido la proveedora de las lanchas, también de origen israelí, que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha comprado para equipar a la Prefectura. “Es la misma fábrica, IWI, y como hicimos nosotros, el Gobierno nacional ha evaluado que era necesario dotar a la fuerza de un equipamiento de calidad”, acotó.

A criterio del ministro, “el Gobierno está realizando una ejecución presupuestaria en materia de seguridad más eficiente y más cuidadosa en la compra de equipamiento”. “La provincia hizo un esfuerzo muy grande sin asistencia de la Nación”, puntualizó. Recordó, en ese sentido, que hace tres años la Casa Rosada había solicitado a cada distrito un listado de necesidades en materia de armamentos, municiones y otros elementos vinculados con la seguridad. “En ese período, no hemos recibido absolutamente nada, a diferencia de otras provincias”, agregó. Puso como ejemplos, “la provisión de 200 vehículos para Jujuy, la compra de armamento para Buenos Aires o las ayudas brindadas a Santa Fe”.

“No hay que perder de vista que Tucumán, geográficamente, es una zona estratégica por los corredores viales que pasan de norte a sur y en los que se pueden adoptar medidas preventivas de delitos como el de trata de personas o el de contrabando de vehículos”, expresó.

La población carcelaria

En otro tramo de la charla con nuestro diario, el ministro de Seguridad indicó que el Poder Ejecutivo sigue en tratativas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la Administración de Bienes del Estado para la cesión de lo que era el Hospital Militar, las instalaciones que se encuentran en las adyacencias de la jefatura de Policía de Tucumán.

La intención oficial es convertir esa dependencia en una alcaldía, con el fin de descomprimir la superpoblación carcelaria y de comisarías. “Estamos esperando una respuesta definitiva y confiamos en que podremos disponer de ese predio, ya sea por transferencia o cesión por comodato”, indicó.

También se proyecta, para marzo o abril próximos, la habilitación de tres pabellones carcelarios, con capacidad para 60 plazas cada uno, dentro de la Unidad de Villa Urquiza. Asimismo, el Poder Ejecutivo avanza en la búsqueda de financiamiento para la construcción de otro penal, en un predio de 130 hectáreas que el Gobierno dispone en la zona de Benjamín Paz, a poco más de 50 kilómetros al norte de la capital provincial.

“Nuestro plan consiste en instalar esa cárcel, con capacidad para 3.000 hombres y 550 mujeres, que no sólo servirá de alojamiento para los reos, sino también para el funcionamiento de talleres de trabajo que permitan el autofinanciamiento de parte de las obras”, señaló el ministro. “Creemos que será una unidad de fácil acceso por la ruta nacional 9 y que puede llegar a triplicar la capacidad de alojamiento que actualmente tienen las unidades de Villa Urquiza, Banda del Río Salí y Concepción”, puntualizó. En estas tres cárceles se alojan alrededor de 1.240 personas.

Maley recalcó que los planos para la ejecución de la obra ya están listos y, para su ejecución, se requieren capitales que serán gestionados en el país y en el exterior, de acuerdo con las condiciones del mercado, pero con la condición que tenga, al menos, dos años de gracia. En ese período, de acuerdo con las proyecciones del ministro de Seguridad, el Servicio Penitenciario, a través de distintas actividades dentro de la dependencia, podrá ir reuniendo fondos para abonar una cuotaparte del emprendimiento carcelario.