El Gobierno provincial desistió de adherir al protocolo “Bullrich” para el accionar policial, denominado así por haber sido impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En su lugar, el Poder Ejecutivo (PE) elevó a la Legislatura un proyecto propio para establecer los parámetros y las condiciones para el uso de armas en la Policía de Tucumán.
Este protocolo, firmado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, será tratado en la sesión legislativa de mañana, donde el oficialismo cuenta con los votos para darle fuerza de ley.
La iniciativa cuenta de dos artículos (el tercero es de forma), pero lo sustancial está expresado en un anexo de nueve carillas titulado “marco regulatorio del uso racional de la fuerza y de armas en la Policía de Tucumán para la protección de la ciudadanía y la prevención del delito”. “Se establecen los principios rectores del accionar de las fuerzas de seguridad en miras del bienestar de la población”, describen los considerandos de la propuesta, rubricada también por el gobernador Juan Luis Manzur. Agrega que el Gobierno provincial “viene llevando a cabo acciones” para “mejorar la seguridad pública” en Tucumán, y que los empleados policiales están recibiendo capacitaciones del Ministerio de Seguridad “bajo principios rectores de carácter universal”. En ese contexto se incluye este protocolo, que según el proyecto está en línea con las directrices de Naciones Unidas.
Novedades
El “protocolo Maley” recibió ayer dictamen de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, que preside el peronista Javier Pucharras. El proyecto forma parte del paquete de iniciativas que impulsa la Casa de Gobierno para tratar de reducir el delito en la provincia, como la compra de armas de fuego (ver nota aparte) y la creación de los cuerpos policiales municipales. Por eso, la inseguridad será uno de los temas clave en la sesión legislativa de mañana.
El plan para regular el accionar policial pone énfasis en disposiciones vigentes, como el “trato respetuoso” hacia el ciudadano, las “buenas costumbres” y el uso del uniforme oficial en horas de servicio. A la vez, contiene novedades para los integrantes de la fuerza provincial, sobre todo en el apartado relativo a las armas, que contiene dos partes. En el primer lote figuran las “intermedias”, que son el bastón policial (con empuñadura lateral, recto o corto y la tonfa), el gas en aerosol orgánico (“sus componentes son productos como la pimienta de cayena u otros ‘picantes’ similares, de los que se conocen sus efectos”, explica el proyecto), las armas eléctricas de contacto y “las demás (armas) que autoricen las disposiciones aplicables”. En el segundo punto aparecen las “letales”, que son aquellas armas de fuego ya habilitadas para todos los policías.
En otro artículo del protocolo se establecen los “principios” según los cuales “el personal policial hará uso de la fuerza”. El primero es de “legalidad”, y refiere a la Constitución de la Nación y a la de la Provincia, además de leyes, reglamentos y tratados internacionales vigentes. El segundo es de “racionalidad”, y determina que “su utilización deberá ser producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades de los sujetos y no se puede recurrir a otro medio”. El tercer principio es de “necesidad”, y permite el uso de la fuerza “en la medida que requiera el desempeño de las funciones de los integrantes de la institución policial para preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, sus bienes, el orden público y la integridad del agente”. El cuarto punto es de “proporcionalidad”, y consigna que la fuerza “debe aplicarse con correspondencia al nivel de resistencia o agresión que debe repeler”. Los últimos ítems mencionan la “congruencia”, que apunta a mantener “una relación de equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza a emplearse y el detrimento o daño que cause o pretenda causar el agresor”, y la “oportunidad”, que permite la aplicación del accionar policial “según las circunstancias del caso, para lograr los fines de la seguridad pública, o evitar un daño a la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades o el orden y la paz públicos”.
El protocolo establece además un nivel gradual para las distintas clases de intervención, que van desde la presencia o las órdenes verbales hasta el uso de armas letales. “El personal policial privilegiará la disuasión y la persuasión”, agrega el plan elevado por el ministro de Seguridad. Y agrega diversas prohibiciones, como “disparar para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales” o utilizar las armas eléctricas contra “mujeres embarazadas, ancianos, niños pequeños y personas visiblemente débiles”. A estas disposiciones del Ministerio de Seguridad se podrán agregar otras mañana, en el recinto, a propuesta de los legisladores.