El transporte público continúa en estado crítico: mientras los choferes aguardan hasta mañana para acordar el pago de dos ítems de la paritaria -que suman $ 6.000-, los empresarios aseguran que no cuentan con los fondos para hacer frente a estos compromisos. Para evitar el paro anunciado el martes, los empresarios afirmaron que requieren una ayuda económica de $ 100 millones.

“Es imposible de afrontar si no hay un subsidio extraordinario o un préstamo que gestione el Gobierno, porque el transporte público es una responsabilidad del Estado. Necesitamos una ayuda económica urgente de $ 100 millones”, alertó Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

Los trabajadores habían realizado un paro total de actividades el jueves de la semana pasada. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, había explicado que la medida de fuerza se debía a que las firmas deben pagar a los empleados una cifra no remunerativa de $ 3.814, más un retroactivo a noviembre de $ 3.200. “Si no tenemos respuestas, el lunes en una asamblea vamos a definir medidas de acción directa”, dijo González.

“Estos dos ítems representan para las empresas una erogación extra cercana a los $ 75 millones. Las firmas no disponen de este dinero ni pueden obtenerlo del sistema financiero”, agregó Daniel Orell, presidente de Aetat. El titular de la cámara del sector encabezará la semana que viene un reclamo a la Nación -junto a las asociaciones de empresarios de las provincias del interior del país- para solicitar ayuda financiera, como sí reciben las empresas de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

Berreta consideró que, sin ayuda financiera, muchas empresas cerrarán el año que viene: “es indispensable un préstamo generado por el Gobierno o una asistencia financiera, porque sino tendremos un diciembre y un enero de terror. Mas del 70% del transporte se caerá en enero, y se perderán fuentes de trabajo”.

Fin de año crítico

“Por más que tengamos voluntad no tenemos cómo solucionar el problema sin una asistencia financiera, préstamo, subsidio o financiación, junto con una readecuación de tarifas. Es imposible”, sentó postura Berreta. Y agregó: “nos tenemos que sentar en una mes todos los actores del transporte para definir políticas públicas y buscar el modo de sostener el servicio. El valor técnico de la tarifa, con los subsidios comprometidos por Nación y Provincia, nos da un boleto mínimo a $ 28,50 (el valor actual es de $ 15,50). Sabemos que el usuario no puede pagarlo”.

¿El compromiso de la Provincia de sostener con fondos propios $ 1.500 millones de los $ 2.200 millones de subsidios nacionales que cesarán el año que viene no basta?, le consultó este diario. “No, no alcanza. El lineamiento de la Nación dice que las Provincias se tienen que hacer cargo del 50% del subsidio existente, y que está licuado por la inflación porque hace dos años que no se lo actualiza. La Nación se tiene que hacer cargo del 25%, aunque no sabemos la forma de distribución. Y, sobre el 25% restante, la Nación dice que debe afrontarse subiendo la tarifa. ¿Cómo podemos compensar el subsidio que no te dan, desactualizado, con la suba de tarifa si el valor del boleto ya está depreciado un 75%? Es imposible de cobrar”, respondió el empresario.

Un rojo por el gasoil

Los empresarios alertaron que a partir de enero deberán afrontar otro impacto económico por el costo del combustible. Entre los subsidios que la Nación dejará de otorgar a las empresas del interior, cesará el que abarataba el gasoil. Uno de los aportes nacionales es el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), creado en 2002 por Eduardo Duhalde. Los fondos surgen de un impuesto de un porcentaje sobre el litro de combustible vendido en las estaciones de servicio. El segundo ítem es Compensación Complementaria Provincial (CCP), aportado por el Tesoro de la Nación.

Berreta explicó que el aporte Sistau sigue cobrándose cada vez que se carga gasoil en todo el país, pero que ya no se distribuye entre las empresas de las 23 provincias del país.

“Actualmente, en promedio, las empresas tucumanas consumen unos 2,6 millones de litros de gasoil, que con subsidio se expende a un costo de $ 10,50, lo que significa un gasto mensual en combustible subsidiado de $ 27,3 millones. Como el cupo de combustible subsidiado no alcanza, las empresas compran un millón de litros más a un promedio de $ 44, que es el precio en surtidor. Eso nos da $ 44 millones más. La suma mensual nos da aproximadamente $ 71 millones. Ése es un dato sólido. Si desde enero deberemos pagar 3,6 millones de litros de gasoil a un promedio de $ 44, todo a precio surtidor, deberemos gastar $ 158 millones en gasoil por mes. Son $ 79,4 millones extras de gasto desde el primero de enero”, hizo la cuenta en papel Berreta.

El subsidio al gasoil, según el empresario, se mantendrá para las empresas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: “se sigue recaudando fondos cada vez que una persona carga gasoil en todo el país, pero sólo se subsidia para que sea más barato el transporte en la capital del país. Si eso no es discriminación...”.

Pedidos de aumento

Afirman que la tarifa debe ser $ 28

Los empresarios del transporte habían presentado en el Concejo de la capital un pedido de incremento para llevar la tarifa de los $ 15,50 actuales hasta $ 27,10. Desde la cámara del sector presentaron el mismo pedido en la Dirección de Tránsito y Transporte del Poder Ejecutivo para que el boleto mínimo en toda la provincia también suba desde  $ 15,50 hasta $ 27,10. 

En enero, el boleto mínimo en la provincia costaba $ 9,35. En febrero pasó a $ 12,50, y en septiembre volvió a incrementarse, hasta $ 15,50. Acumula una suba del 64% anual. Debido a la crisis económica por la devaluación del peso frente al dólar y los cambios en la distribución de subsidios nacionales, los empresarios aseguran que la tarifa debería ser $ 28,50.