El incumplimiento sistemático de las promesas y de las órdenes judiciales por parte del Poder Ejecutivo llevaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a endurecer su postura en la causa que aborda la crisis penitenciaria vigente en la provincia. El quinto fallo emitido en el hábeas corpus correctivo iniciado en 2015 advierte que ya no hay margen para dilatar un problema cada vez más grave (ver “Las cuatro decisiones previas”). En virtud de ello, los vocales exhortaron al Gobierno de Juan Manzur a elaborar políticas concretas para los presos con proyección hasta 2020.
Los cinco miembros del alto tribunal, Daniel Posse (presidente y preopinante), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, coincidieron en un diagnóstico lapidario. Según los jueces supremos, el panorama penitenciario ha empeorado en los últimos tres años y persisten las transgresiones legales por parte del Estado. En función de estas circunstancias alarmantes, la Corte tomó cuatro medidas: la más relevante de todas es la que incita al Poder Ejecutivo a presentar “finalmente” el plan integral exigido desde 2016. Ese programa debe incluir “referencias precisas y medibles”; la identificación de los funcionarios responsables y un cronograma de tareas. El Estado ha de precisar qué hará para aumentar las plazas de prisión para los próximos dos años; adecuar la permanencia de detenidos en comisarías; incrementar el número de guardias penitenciarios y de mecanismos de control; sanear los problemas de higiene, agua y sistema eléctrico; brindar servicios médicos, etcétera.
La resolución del 11 de diciembre pasado exhorta asimismo a los poderes Legislativo y Ejecutivo a elaborar un plan de trabajo para el funcionamiento de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes creada por ley en 2012. Mientras tanto y como tercera medida, el alto tribunal dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Érica Brunotto monitoree las condiciones de detención en las comisarías mediante la presentación de informes mensuales a la Corte. Por último, los vocales convocaron a las partes a una audiencia programada para este lunes a las 10.30. A diferencia de las reuniones anteriores, esta tendrá por primera vez carácter público (se informa por separado).
Los vocales sólo difirieron en cuanto a la idea de incorporar a la causa al Poder Ejecutivo Nacional con el rol de tercero interesado: ello finalmente no sucederá puesto que Gandur, Goane y Sbdar lo juzgaron improcedente.
Corolario negativo
La Corte describió con detalles las omisiones en las que incurrió el Poder Ejecutivo desde el comienzo del hábeas corpus correctivo promovido por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni (ver “Citas del último pronunciamiento”). “Hasta hoy, en resumen, existe una ausencia de acciones efectivas sobre los puntos que motivaron el hábeas corpus y han sido incumplidos sucesivamente compromisos asumidos con esta Corte”, expresaron los vocales. El alto tribunal subrayó que el Gobierno no validó ni confirmó la información que presentaron en el proceso el ex director de Institutos Penales de Tucumán, Guillermo Snaider, y el ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley (Snaider renunció hace un año luego del homicidio de un preso que había denunciado que guardias de la cárcel de Villa Urquiza vendían droga). Y añadió que la Policía, que depende del Poder Ejecutivo, seguía usando la Ley de Contravenciones declarada inconstitucional.
Los avances son mínimos y fragmentarios, según la Corte. El alto tribunal enumeró que en los últimos tres años hubo “obras menores” en Villa Urquiza, como la construcción de un tanque de agua potable; el reemplazo de la red de cloacas de 1927; la incorporación de nueve módulos sanitarios; mejoras en algunos calabozos y el nombramiento de 220 agentes penitenciarios. Los vocales observaron que la Unidad 10 para 192 presos añadida a Villa Urquiza originalmente debía albergar 400 plazas y que su objetivo “se había desdibujado”, con un impacto bajo en la crisis existente. A modo de corolario, Posse, Goane, Gandur, Estofán y Sbdar expresaron: “lamentablemente estas reformas parciales no lograron crear condiciones dignas de alojamiento a los privados de la libertad. Hay una degradación de las condiciones de detención, y más presos y detenidos ilegales. Toda la información recolectada revela la imposibilidad del Poder Ejecutivo de avanzar en la regularización y mejora de la gravísima situación carcelaria”.