José María Canelada, legislador radical, observó que la aplicación del Código Procesal Penal sancionado en 2016 podía ser obstaculizada por la presencia de los fiscales auxiliares nombrados de manera discrecional por el ministro público fiscal Edmundo Jiménez.
“Nos preocupa que Jiménez insista con esta figura y pretenda que actúe en las audiencias en reemplazo de los fiscales, con la consiguiente avalancha de planteos que vendrán en los juicios”, expresó el opositor en la declaración que envió a posteriori de la reunión de la comisión especial de monitoreo del nuevo sistema procesal penal, donde también formuló su inquietud.
“Este es un capricho inconstitucional y también contradictorio: no podemos exigir a un fiscal que supere un concurso de oposición y de antecedentes para acceder a ese cargo, y, luego, elegir a un auxiliar de forma discrecional para que tengan los mismos poderes”, reflexionó.
El opositor también cuestionó a Washington Navarro Dávila, jefe de los defensores oficiales. “Lo peor de esta reunión fue escuchar al ministro público de la Defensa decir que había dado instrucciones a los defensores oficiales para que no realicen ningún planteo en contra de los fiscales auxiliares. Esta actitud de Navarro Dávila, que parece estar más preocupado por complacer el capricho de Jiménez que por cuidar la calidad del servicio de Justicia, explica por qué el Poder Ejecutivo insistió en su nombramiento a pesar de las vergonzosas circunstancias de su designación”, opinó.
El legislador recordó que Navarro Dávila debía controlar al Ministerio Público Fiscal. “¿Qué garantías tienen las personas, que deben ser asistidas por un defensor del Estado, si Navarro Dávila les está diciendo que no hagan su trabajo? La Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe intervenir y poner un freno a esta situación. De lo contrario, se avecinan tiempos muy negros para la Justicia penal de Tucumán”, pronosticó.