La Universidad Nacional de Tucumán espera que antes de fin de año pueda llevarse a cabo la medida preliminar para identificar a quienes ocupan el predio donde se está construyendo el barrio privado “Las Pirámides” en San Javier. La cautelar concedida por el juez federal I, Daniel Bejas, ordena que el dueño del emprendimiento, Próspero Marcelo Sosa, suspenda las construcciones, la tala del árboles y cualquier acción que deprede el terreno en el sector del barrio, ubicado en el km 28 de la ruta 338 (entre San Javier y Villa Nougués), que la UNT reclama como parte del parque Sierra de San Javier.

La orden del juez es “identificar a los actuales ocupantes (datos personales, domicilios reales” y “en qué calidad y bajo qué título se encuentran ocupando el inmueble en cuestión”. Se trata, por un lado, del mismo Sosa y su familia, que ocupan el predio desde hace muchos años –la UNT lo denunció por usurpación en 1998 y en 2008 fue sobreseido por prescripción- y, por otro, las personas que han comprado terrenos y han construido o están construyen do viviendas en el barrio que el mismo Sosa comercializa a través de internet desde hace varios años. Él mismo dice que comenzó con el emprendimiento en 2009, después de que la Justicia –el mismo juez Bejas- lo sobreseyera. El abogado de la UNT, Máximo Torres, dice que los que adquirieron terrenos o casas allí “no son compradores de buena fe. Ese terreno nunca fue de Sosa. Antes de pertenecer a la UNT pertenecía al Estado nacional. Él se metió como cualquiera que se puede haber metido en esa inmensidad y en forma subrepcticia ha hecho lo que hizo. La acción de reivindicación lleva implícito el lanzamiento. Los ocupantes se van a tener que ir y me imagino que esas casas se destruirán para recuperar el bosque. Eso tiene que desaparecer y se tratará de volver el estado natural a su mejor forma posible”. Agregó: “queremos desalentar a cualquier persona que le quiera comprar a este señor y, por supuesto, que no se siga construyendo”.

Castro fue el representante de la UNT que acudió el viernes pasado al predio, junto con Francisco Prebisch, enviado del juez de Paz de San Pablo, Raúl Aguilar, para notificar a Sosa de la medida cautelar del juez. “Cuando estábamos ahí había gente trabajando. A 10 o 15 metros se oía el crujir de los árboles. En media hora de espera vi caer cuatro o cinco árboles. Hasta que vino el hijo de Sosa”. “Tenemos que verificar que cumpla la cautelar. Para que no siga depredando el bosque”, expresó Castro. Al respecto, Sosa y su hijo, Marcio, dijeron a LA GACETA que cumplirán la medida judicial, si bien piensan recusar al juez. Sosa dice que él detenta la posesión ininterrumpida de ese terreno desde hace muchos años.

La UNT espera que la medida se cumpla antes de fin de año. “Nosotros hemos pedido medida preliminar tendiente a identificar a cada uno de los ocupantes a fin de que nosotros podamos iniciar acciones de reivindicación a todos y cada uno de quienes ocupan el lugar. Tras la orden del juez, yo le he pedido algunos puntos. Que, en caso de encontrarse desocupada la casa (puede ser que alguno haya comprado para ir fines de semana), que el juez de Paz o el oficial de Justicia tome fotos de la casa, que la identifique y que le deje la notificación por abajo de la puerta, y que tiene plazo de cinco días para presentarse en el juzgado”.

Con respecto a la cautelar rechazada por el juez (se había pedido que se corte el suministro de luz al predio y el magistrado dijo que no había urgencia en esto), Castro solicitó “que subsidiariamente no se otorgue cualquier tipo de repotenciación, o bien se rechace cualquier pedido de servicio nuevo; esto para no fomentar que sigan ocupando. Ya tienen serios problemas de luz porque tiene baja potencia con el medidor comunitario”.