La Corte Suprema de Justicia de la provincia le pidió al gobernador Juan Manzur que el Cuerpo de Médicos Forenses y Morgue Judicial vuelva a depender del máximo tribunal. Si estuviera de acuerdo con la requisitoria, el gobernador deberá remitir un proyecto de ley a la Legislatura. Hasta ahora este organismo depende del Ministerio Público Fiscal y los cinco vocales de la Corte consideran que debe asegurarse la independencia de esa estructura científica.
Daniel Posse, René Goane, Claudia Sbdar, Antonio Gandur y Antonio Estofán consideran que la permanencia del instituto en el Ministerio Público Fiscal “podría poner en crisis la necesaria imparcialidad de este cuerpo técnico”. En la acordada 1.415 de este año los vocales afirmaron que la morgue y los forenses deberían responder al “árbitro” del sistema judicial que en realidad son los jueces.
El cuerpo técnico cuya devolución reclama la Corte forma parte de la estructura cedida al Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez cuando la Legislatura le otorgó autonomía y autarquía. En aquella oportunidad, la Corte declaró inaplicable por acordada la primera norma de reorganización institucional, tras lo cual el Poder Legislativo hizo algunos retoques. A posteriori, los vocales ratificaron la nueva configuración del Ministerio Público al rechazar una demanda de inconstitucionalidad de dirigentes radicales, entre ellos la senadora Silvia Elías de Pérez y el legislador José María Canelada. Ambos plantearon que las prerrogativas otorgadas a los ministerios públicos lesionaban la Constitución. La Carta Magna otorga a la Corte la superintendencia de la administración de justicia.
El proyecto de ley que el alto tribunal propuso a Manzur el 30 de noviembre implica una nueva remodelación a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La propuesta legislativa devuelve al alto tribunal todas las potestades relativas a la morgue: desde la designación de los médicos y bioquímicos (forenses y patólogos) “previo concurso de oposición y antecedentes” hasta las facultades para reglamentar tareas y funciones, y para estipular la sobreasignación fijada en el 50% del sueldo básico de los cargos desempeñados en este instituto. El cuerpo técnico en cuestión interviene en un número amplio de las pesquisas penales, en particular en aquellas que comprometen la integridad física, como homicidios, abusos sexuales, lesiones, etcétera. Las pruebas practicadas tienen una relevancia intensa en el debate de las responsabilidades penales, la calificación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos ilícitos investigados.