La Legislatura mantiene en su agenda la posibilidad de modificar e incluso de derogar los servicios adicionales de la Policía.

Este cuestionado régimen está contemplado en la ley orgánica de la fuerza de seguridad. A partir de diversos hechos graves, como el homicidio de Valentín Villegas, en Yerba Buena, se profundizó la polémica sobre la vigilancia estatal paga, que permite afectar personal tanto al ámbito privado como a la custodia de bienes públicos.

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La aliada oficialista Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) elevó una iniciativa para pedir informes sobre el asunto al ministro de Seguridad del Ejecutivo, Claudio Maley. Entre otros puntos, la ex diputada requirió que se entregue “el listado de todo el personal asignado a los servicios de Policía Adicional, detallando datos personales, grado, lugar de destino, fecha y hora de inicio y de finalización del servicio”. También indagó sobre los convenios firmados por el Departamento General de Policía para la vigilancia de eventos deportivos, culturales, espectáculos artísticos, bailes, salones de fiestas y con cualquier otro contratante. Y pidió que se informe sobre “el destino del dinero producto de estos convenios, luego de descontado lo que se le paga al personal”. En otro punto, solicitó datos sobre la existencia de este servicio en reparticiones del Estado provincial y en empresas en las que la Provincia cuente con más del 50% de las acciones. “En Tucumán hay 8.664 efectivos policiales en servicio, pero no se los ve distribuidos en los distintos barrios y localidades”, advirtió Córdoba.

El opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO), de Cambiemos, presentó una propuesta para derogar el artículo que habilita los servicios adicionales, e incorporar una partida para compensar la pérdida salarial que significaría para los agentes. La iniciativa insta además a afectar a personal ajeno a la fuerza o con dificultades de movilidad a las tareas administrativas, para liberar a los policías a operativos en las calles. “En la actualidad, Tucumán se encuentra liderando la encuesta nacional sobre crímenes y delincuencia. Así, nuestra provincia se encuentra inserta en una problemática que afecta a la sociedad en general, manteniendo una preocupación recurrente en todos los ciudadanos por la materia que se trata”, planteó el dirigente del PRO.

La familia de Valentín Villegas apuntó a la política

La posibilidad de la derogación de este servicio y de una retribución para compensación había sido aportada también por el radical Fernando Valdez (UCR). Por su parte, la peronista Nancy Bulacio (Tucumán Crece) había aconsejado en 2016 la eliminación lisa y llana de los adicionales, al entender que daban lugar a manejos espurios.

Propuestas sobre los Adicionales

1- Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Claudio Viña (Nueva Fuerza), ambos de Cambiemos, proponen que sea obligatorio el título secundario para ingresar a las fuerzas de seguridad de Provincia.

2- El radical Rubén Chebaia instó a la creación de un registro público de reclamos sobre el funcionamiento policial, para que funcione en la Legislatura, para “conocer las fallas” en el servicio “y corregirlas”.

3- Viña (Nueva Fuerza) solicitó la interpelación del ministro de Seguridad, Claudio Maley, y del secretario de esa cartera, Luis Ibáñez, para que indiquen la cifra del personal en Yerba Buena y su equipamiento.

4- El radical Fernando Valdez instó a derogar el servicio adicional, con una compensación salarial del 30%, y la creación de un sistema de sanciones tanto para agentes como para privados que los lleven a cabo.

5- El radical Eudoro Aráoz instó en 2017 a la puesta en funcionamiento de un registro de servicios adicionales discontinuos, destinado “a regular con mayor precisión la prestación” de la custodia paga desde la fuerza.

6- En 2016, la peronista Nancy Bulacio instó junto a otros legisladores a derogar los adicionales y a modificar el sistema de descansos en la Policía de Tucumán.