Un grupo de legisladores se dirigió al gobernador Juan Manzur para instarlo a dar marcha atrás con la designación de Walter Ojeda Ávila como juez interino de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. José María Canelada, Rubén Chebaia, Eudoro Aráoz, Luis Brodersen, Claudio Viña, Alberto Colombres Garmendia, Luis González, Alfredo Toscano y Adela Estofán de Terraf solicitaron ayer al jefe del Poder Ejecutivo que retire el pliego en atención a las “graves irregularidades” detectadas en el currículum del abogado. La última anomalía que trascendió pone en duda que este tenga un título de máster expedido por la Universidad de Barcelona, como declaró en los distintos currículos entregados a LA GACETA y a la Legislatura.
Los firmantes de la nota, que representan a distintos sectores minoritarios, manifestaron que Ojeda Ávila mintió en diferentes oportunidades y demostró que no es probo para impartir justicia. Aunque la misiva está dirigida a Manzur, la decisión sobre mantener o no la postulación sería ejecutada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo dado que el gobernador está de gira en el extranjero y tiene previsto regresar la semana próxima. A los nueve legisladores que rechazaron el nombramiento de Ojeda Ávila se suma Silvio Bellomío, quien ayer por su parte tomó distancia del dictamen de mayoría que aconseja al pleno dar acuerdo al abogado litigante (se informa por separado).
“La probidad es honradez, rectitud de ánimo e integridad en el obrar. ¿Cómo es posible considerar que el postulado reúne tales requisitos si ha incurrido en la grosera y palmaria mentira (de decir que le dieron un premio por su desempeño destacado en Derecho cuando tenía 19 aplazos)? ¿Va a poner en riesgo usted a todos los tucumanos permitiendo que esta actitud pueda replicarse cuando Ojeda Ávila deba administrar justicia? ¿Imagina cuánto daño produciría si utiliza la mentira como ‘herramienta’ para decidir sobre los derechos de los tucumanos?”, preguntaron los nueve legisladores a Manzur.
Y añadieron que entendían que el gobernador desconocía la “falsedad” de los datos incluidos en el currículum al momento de firmar el pliego del candidato a camarista subrogante de Apelaciones. “Ante las pruebas, ya no hay excusas que permitan mirar hacia un costado y permitir que el nombramiento de Ojeda Ávila se concrete. Las nuevas condiciones le imponen la obligación ética de desistir”, dijeron.
Canelada, Chebaia, Colombres Garmendia, Aráoz, Toscano, Brodersen, González, Estofán de Terraf y Viña manifestaron que la persistencia del Gobierno con Ojeda Ávila sólo admitía dos lecturas: 1) desinterés en la suerte de la Justicia, y 2) protección de intereses ocultos y particulares. Los legisladores expresaron que esta coyuntura ofrecía a Manzur la oportunidad de demostrar su preocupación por la ciudadanía. “Retire el pliego y no se iguale con quien hace de la mentira una moneda corriente”, insistieron.
Con la excepción de Toscano y de Estofán de Terraf, los demás firmantes de la nota relativa al nombramiento de Ojeda Ávila habían votado en contra del ascenso de Washington Navarro Dávila a ministro público de la Defensa en la última sesión legislativa. Manzur escogió en forma discrecional al ex fiscal N°5 de esta capital, que recibió numerosas impugnaciones y que tuvo 31 aplazos en las 21 materias que rindió en la Universidad Nacional de Tucumán. En marzo, todos los legisladores mencionados más Christian Rodríguez, Fernando Valdez, Silvia Rojkés y Stella Maris Córdoba votaron en contra de Facundo Maggio, cuya designación generó repudios de organizaciones de derechos humanos y de sectores que cuestionaron su capacidad para ser imparcial.