La Legislatura más cara de toda la Argentina premió con un cargo en la Corte Suprema al fiscal que archivó la causa en la que se investigaba el enriquecimiento ilícito de estos mismos legisladores.
La putrefacción institucional y política no tiene fondo en Tucumán. Ni moral, ni ética. Cuando parece que ya no se puede caer más bajo, siempre hay un escalón más cerca del averno y los paisajes aberrantes de Sinaloa se asemejan cada día más a los del Jardín de la República Inundada.
Este último año se incrementó el 50% los asesinatos vinculados directamente a la llamada inseguridad. Homicidios en ocasión de robo, víctimas o victimarios, terceros ocasionales o policías abatidos.
Como respuesta al descontrol, el peregrino se escapa a seguir recorriendo el mundo, batiendo récords de millas para un mandatario provincial.
El gobernador Juan Manzur visita latitudes exóticas para explicar cómo ha logrado tener el Poder Legislativo más rico de todo el país, con poco menos de tres mil millones de presupuesto, pese a ser unicameral, en una de las provincias más pobres, con 700.000 personas por debajo de la línea de pobreza, unos 100.000 indigentes (gente a la que no le alcanza siquiera para comer), la mitad de los trabajadores en negro, y la mitad de estos informales empleados por el propio Estado.
Todos grandes logros, además, conseguidos sin haber movido un dedo, sin haber hecho una sola obra pública importante. Un mérito que hay que reconocerle al gobernador, incansable anunciador de proyectos.
A decir verdad, es mejor que Manzur vaya a contar afuera todo lo bueno que hace acá, antes de que vengan a la provincia a respirar los olores nauseabundos de las cloacas explotadas o de la vinaza que embriaga los rancios atardeceres tucumanos, en medio de una romántica lluvia de cenizas tóxicas y quema de cañaverales.
Sonrisa perpetua
¿De qué se ríe Manzur?, es la pregunta que se hacen miles de tucumanos cada vez que ven las paredes empapeladas de afiches o los spots televisivos y radiales que ametrallan la dignidad del vecino, las 24 horas del día.
Se reparten con el vicegobernador Osvaldo Jaldo el premio a la alegría inmutable. Deben ser, sin riesgo a equivocarnos, las únicas dos personas en Tucumán que sonríen todo el día.
Nada los afecta, ni la recesión, ni la inflación, ni las cloacas, ni la contaminación, ni la pobreza, ni los asesinatos de cada día.
Propaganda oficial desmesurada que se lleva como un caudaloso río el dinero que se le exprime al vecino laburante mediante impuestos asfixiantes.
Duplicaron Ingresos Brutos para que no se corte la cadena de frío de la champaña legislativa, de los viajes al extranjero y de la generosa ayuda a algunos amigos necesitados, como la compra en Tafí del Valle de un hotel de $ 30 millones al gremio de los bancarios o donación de 15 millones a la empobrecida Sociedad Rural, mientras los policías no tienen ni chalecos antibala.
Esa Legislatura que se niega a explicar el destino de decenas de millones de pesos, trasladados en valijas como si se tratara de un cártel de la droga, es la misma que no informa cuántos empleados tiene y que se opone sistemáticamente a aprobar una ley de transparencia e información pública. La misma cámara que está a punto de volver a embaucar a toda la sociedad con una falsa reforma política y electoral.
Postura que comparte el fiscal Washington Navarro Dávila y por eso decidió sepultar la investigación por corrupción.
Una causa escondida
Con el voto de 38 miembros, el cuerpo colegiado le devolvió el favor al fiscal -aplazado 31 veces a lo largo de 11 años, en una carrera de sólo 29 materias- y lo ungieron ministro Público de la Defensa.
Por las dudas, Navarro Dávila retuvo, indebidamente, según los denunciantes, una parte de la causa de los gastos sociales legislativos. Es la que acusa de supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Pérez, ex tesorero y hoy secretario administrativo de la Legislatura.
Aunque parezca extorsivo, en realidad se trata de la sana convivencia que mantienen los poderes del Estado en Tucumán. Una carpeta por aquí, otra por allá, un favor para mí, otro cargo para vos.
Aseguran que si Pérez habla no queda ninguno en pie, por lo menos, desde Julio Miranda a esta parte.
Como las generalizaciones son injustas, vale aclarar que hay siete parlamentarios que votaron en contra de la propuesta impulsada por Manzur para llevar a Navarro Dávila al máximo tribunal. Fueron Eudoro Aráoz (UCR), Luis Brodersen (PRO), José Canelada (UCR), Rubén Chebaia (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Luis González (UCR) y Claudio Viña (Nueva Fuerza).
Yo me acuso
Es de público conocimiento que el nuevo ministro de la Defensa es una persona muy cercana al ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez.
De este modo se desvirtúa absolutamente la saludable distancia que debe existir entre la defensa y la fiscalía, con lo que se pisotea más aún la ya desvencijada calidad de justicia en esta provincia.
Las estadísticas judiciales tucumanas tienen más aplazos que el certificado analítico del nuevo miembro de la Corte. De las 120.000 causas que ingresan al fuero penal cada año, sólo el 3% obtienen requerimiento de elevación a juicio y apenas el 1% llegan a una condena.
Es decir, el nivel de efectividad de la Justicia local es de alrededor del 1%. Eso y decir que Tucumán carece de un servicio de Justicia es casi lo mismo.
La puerta giratoria
La Policía realiza unas 12.000 detenciones por año, pero la mayoría son contravenciones o causas menores.
Los crímenes graves (homicidios, lesiones, violaciones, robo a mano armada, delitos contra la propiedad, etcétera) representan menos del 10%.
Durante el primer semestre de 2017 la Policía realizó 800 detenciones por delitos graves. El 15% había sido arrestado por primera vez o ya tenía al menos una causa. El 85% restante tenía dos o más causas. Había casos de personas con 10, 15 y hasta 17 detenciones en un año. Es decir, algunos fueron detenidos más de una vez por mes en el último año.
De estos 800 delincuentes arrestados en la primera mitad de 2017, el 82% está hoy en libertad.
Con estos niveles de efectividad judicial, ni aunque traigamos a Scotland Yard vamos a terminar con la escalada de delitos.
El ex secretario de Seguridad, Paul Hofer, poco antes de ser removido del cargo en diciembre pasado, sentenció que aunque siempre se hace foco en la efectividad policial, el problema de la inseguridad en Tucumán no tiene solución si antes no se atacan dos frentes: la llamada puerta giratoria judicial y la creciente exclusión social.
Hofer aseguraba que en la provincia no había más de 500 o 600 delincuentes, perfectamente identificados, y que todos ya habían sido detenidos varias veces.
Un año después ya se registró el 50% más de homicidios que en 2017 y aún restan los dos meses históricamente más calientes del año: noviembre y diciembre.
También aumentaron casi el 100% los delitos contra la propiedad, en promedio. Algunos más, otros menos.
Suele decirse que el resultado de una gestión no se mide por las buenas intenciones del funcionario, sino por el nivel de satisfacción de la gente. Y la gente ya manifiesta signos preocupantes de hartazgo con la violencia, por un lado, y con los inoperantes que gobiernan, por otro.
Y la respuesta de los tres poderes del Estado no es otra que nepotismo, clientelismo y favoritismo. Sigue la fiesta y ellos no se dan cuenta.
Como dicen los chicos de hoy, a esta gente “no les cayó la ficha” de la gravedad de la situación y están convencidos de que la impunidad es eterna. La historia argentina está repleta de ejemplos de que en realidad dura bastante menos de lo que se piensa.