Las advertencias no bastaron y, así, la cobertura a pacientes que deben someterse a tratamientos de diálisis corre riesgo por una deuda que la Nación mantiene con las prestadoras. La situación generó tal preocupación entre las autoridades provinciales que desde el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo enviaron notas a la Casa Rosada para reclamar una solución urgente.

La luz de alerta se encendió en aquellos beneficiarios del programa Incluis Salud (ex Profe), según confirmó el responsable de ese programa en Tucumán, Daniel Abad. La medida de cortar los servicios había sido anunciada ya en agosto por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) y otras empresas multinacionales, y hasta le pusieron un fecha: a partir del 23 de septiembre. Como no hubo avances en los pagos, la situación empeoró.

Centros de diálisis decidieron no aceptar más pacientes del ex Profe

Así, el corte anunciado por las cámaras privadas de terapia renal comenzó a regir la semana pasada. A partir de ahora, entonces, quienes requieran tratamientos de diálisis tendrán inconvenientes por la decisión de "no incorporar nuevos pacientes del Programa Incluir Salud". Se trata de un programa que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) y da cobertura de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables.

También el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, envió una nota a organismos nacionales para que regularicen la atención a los beneficiarios del Incluir Salud.

Abad precisó que en Tucumán hay unas 450 personas en tratamiento de diálisis, y que a ellos la medida de las empresas no los alcanza, pero sí a los nuevos pacientes que deban derivarse. "La Nación paga directamente a los centros de diálisis, nosotros tratamos de allanar el camino y de interceder para que la gente no sufra problemas. Por eso, la Provincia va a garantizar que las urgencias sean atendidas", aclaró el funcionario del Siprosa.

En Tucumán la situación se torna un poco más compleja porque todos los centros de diálisis son privados y sólo en el Hospital Padilla hay capacidad para atender terapias renales. Son ocho las clínicas que prestan ese servicio en la provincia.

Según las cámaras empresarias del sector, hay casos en los que la deuda por prestaciones impagas llega a los 12 meses. Un informe remitido por el Ministerio de Salud nacional a la cartera provincial detalla que hay registros de deudas desde diciembre respecto de las prestaciones tucumanas.

A la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, lo último pagado fue marzo; a Diaverum, junio; a Fresenius, marzo; y a IMAG, diciembre.

En la nota enviada a la Nación, la Provincia expresó su preocupación por la "grave situación derivada del corte de servicios por parte de los prestadores de diálisis en Tucumán". Y detalla que las entidades que agrupan a las clínicas en esta provincia "no reciben nuevos pacientes para dialilzar en cualquiera de sus modalidades".

"Pacientes agudos internados en terapia intensiva, crónicos y todos aquellos con insuficiencia renal urgente corren peligro de vida si no se les da la prestación. Por ello solicitamos que arbitre las medidas necesarias para normalizar la situación con dichos prestadores en virtud del convenio que Incluir Nación suscribió con ellos", completa el texto firmado por Abad, y dirigido al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.