No los van a callar. Eso es lo que dicen José Macome y Marcelo Rojas, los concejales de Yerba Buena que quedaron sin su partido político. Hace unos días, ambos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia provincial, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 9.111, que ha sido promulgada por el gobernador Juan Manzur y que elimina los partidos municipales y comunales.

Se trata de la primera reforma al sistema electoral y político de Tucumán. No obstante, ni Macome ni Rojas están conformes. Ambos provienen del espacio “Compromiso Yerba Buena”.

La presentación recayó en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esa ley viola derechos reconocidos en las constituciones Nacional y Provincial, como el derecho a la asociación”, declara Macome. Además, dice que se vulneran las autonomías política; administrativa; financiera e institucional de los municipios. “En 2015 obtuvimos el voto de 2.300 vecinos. Vamos a dar pelea”, añade.

La puesta en vigencia de la normativa dejó fuera de carrera a unos 600 armados de impacto territorial. En ese lote figura “Compromiso Yerba Buena”, donde también militan Julio Rossi, Liliana Mas, Luis Baricco, Hernán Macedo, Rodolfo Aráoz, Patricio Carrasco, Susana Moreno y Priscila Alvarez, en su mayoría funcionarios del intendente Mariano Campero. A diferencia de Rojas, quien se encuentra afiliado al PRO, Macome no cuenta con otra afiliación.

Cuando se le pregunta si ha pensado en incorporarse a otro armado, desecha esa posibilidad. “Vamos a intentar que esto avance en la Justicia. El año que viene quiero ser candidato a concejal, otra vez. Siento que debo seguir involucrado en la tarea legislativa. Que puedo seguir haciendo aportes. Este Concejo está desprestigiado. Hay que trabajar para que vuelva a encontrar su lugar”, asegura el concejal.

A partir de la puesta en vigencia de la ley 9.111 (el 4 de julio pasado), quedaron en pie unas 70 organizaciones políticas provinciales y otras de alcance nacional y de distrito.

Por el momento, el Poder Legislativo no avanzó con otras modificaciones al régimen de votaciones que se aplicará en los comicios del año próximo. Uno de los asuntos que está bajo análisis es el rediseño de la Junta Electoral Provincial, órgano que controla el desarrollo de los comicios. La intención del oficialismo es crear un cuerpo de cinco vocales, pero aún no tiene consenso.