Los concejales aprobaron, tras casi un año de tratamiento, el pliego de licitación de la Línea 11. Así, la Municipalidad podrá poner fin a un conflicto por la explotación del recorrido que había derivado en denuncias judiciales.
“Con esto damos un paso adelante para mejorar el servicio”, expresó el peronista Dante Loza. “Este llamado a licitación es necesario, la línea 11 debe ser uno de los peores servicios de la ciudad”, consideró el radical José “Lucho” Argañaraz. “El pliego había llegado al recinto hace meses y pedimos que vuelva a comisión por algunas inconsistencias. Ahora se incluye entre las condiciones que las unidades tengan aire acondicionado y sean accesibles para usuarios con dificultades motrices”, dijo conforme Ricardo Bussi.
El conflicto por la línea 11 había comenzado en diciembre de 2016. La Municipalidad había decretado la caducidad de la concesión a la firma Inverbus SA -de Oscar Alonso-, que explotaba el servicio, y se la adjudicó de modo precario a Leagas SA -firma de Jorge Alberto Mihelj y Jorge Berreta-. Los jueces de la Sala I en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, habían emitido una cautelar que ordenaba al municipio a devolver la concesión a la firma de Alonso. Los vocales de la Sala I dictaron luego una sentencia por la que dejaron firme la cautelar hasta que se concrete un nuevo llamado a licitación.
El conflicto tiene un capítulo penal. Mihelj denunció ante la Fiscalía de Instrucción de la V° que Ruiz y Castellanos habrían cometido el delito de prevaricato (cuando se dictan sentencias contrarias a la ley basadas en hechos falsos). También adjudicó un supuesto tráfico de influencias contra Sergio Gandur, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo del ex presidente de la Corte, Antonio Gandur. El juez de Instrucción Juan Francisco Pisa, en consonancia con un planteo del entonces presidente de la Corte, anuló los actos investigativos y desplazó del caso al primer fiscal.