El juicio por el asesinato de Javier Chocobar y las graves lesiones a dos miembros de la Comunidad Chuschagasta está entrando en su última etapa, pero todo indica que se extenderá más de lo pensado. Parecía que iba a ser una jornada tranquila y poco dinámica (ya terminaron de declarar los testigos y se había empezado a leer la prueba documental) terminó con varias sorpresas.
La primera: el imputado Darío Amín, que no había querido declarar en el comienzo del juicio, pidió hacer uso de ese derecho al comenzar la audiencia y dijo que es una víctima de la agresividad de los comuneros, que actuaron con violencia contra él y Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso, que lo acompañaban el día del asesinato.
La segunda novedad llegó cuando la presidenta del tribunal, Wendy Kassar se disponía a levantar la sesión hasta el martes.
Fue entonces cuando la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira pidió que se impute a Amín como autor del disparo que mató a Chocobar y de los que hirieron a Emilio y su primo Andrés Mamaní, en base a los testimonios de quienes estuvieron el 12 de octubre de 2009 en el paraje El Chorro, en tierras que Amín reclama como propias, pero que el relevamiento jurídico catastral realizado por el Estado reconoce a la comunidad.
Hasta ahora, Gómez es el único imputado por el asesinato, en tanto que Amín y Valdivieso están acusados de tentativa de homicidio y de ser partícipes necesarios en las lesiones a los Mamaní.
Para los abogados querellantes fue una sorpresa a medias, porque -si bien tenían la intención de proponer un cambio en la imputación-, pensaban hacerlo después de que se realice la reconstrucción del hecho, según dijeron los abogados Pablo Gargiulo y Carlos Garmendia.
Primera declaración
Amín, en su declaración, se mostró compungido y dijo que no recordaba haber disparado su pistola después de que Gómez hizo un tiro a los pies de Delfín Cata, y de que este se le abalanzara para quitarle el arma. También aseguró que perdió el conocimiento después de que -según dijo- le pegaron en los riñones.
“Cuando me desperté, me estaban pegando en la cabeza con un palo, me pateaban en la panza y el señor Andrés Mamaní me pegaba en un ojo. Cuando me despierto, me dejan de pegar y se van hacia Valdivieso”, declaró.
Luego dijo que la pelea “no fue sólo abajo (en la cantera de piedra laja), sino que desde arriba nos tiraban piedras; mujeres y chicos, también”.
“La cautelar los puso agresivos porque hacían como que todo era de ellos. El 9 de septiembre 2009 queda levantada la cautelar, sólo faltaba que firme (el camarista federal Ernesto) Wayar. Por eso lo llamé a Gomez para decirle que la cautelar había sido levantada. A Valdivieso no lo conocía; fue por su experiencia en ganadería y como endurista -dijo frente al tribunal-. Que quede claro que yo estaba en mi casa. Nunca imaginé que el dueño de casa quede imputado. Además, si la finca ya está restituída, ¿por qué no puedo volver?”.
“Hecho diverso”
Luego se dio lectura al resto de la prueba documental, estudios psicológicos a las víctimas, la certificación de que Chuschagasta participó del relevamiento jurídico catastral entre 2009 a 2014 (con asesoramiento de INAI, UNT e Inadi), las denuncias previas contra la familia Amín por hostigamiento y amenazas a la comunidad, informes médicos y permisos de tenencia de armas, entre otros instrumentos.
Sobre el final de la audiencia, la fiscala Jerez pidió la palabra para explicar que, a la luz de los testimonios y otras pruebas, entiende que Amín es el responsable de los disparos que asesinaron a Chocobar e hirieron a los Mamaní. El requerimiento de la fiscal apunta a que surgió un “hecho diverso” (es decir, distinto del planteado en la acusación), lo que obliga a reformular la relación de los hechos por los que fueron imputados Amín, Gómez y Valdivieso.
“Para la fiscala está acreditado que Amín es el autor del disparo y no un partícipe necesario. A los demás, baja la imputación a Valdivieso y a Gómez -de partícipes necesarios a partícipes secundarios-, e incorpora una nueva acusación (el abuso de armas de fuego), porque disparan contra la gente. Sí se mantiene la acusación de portación ilegal de armas, porque ninguno tenía permisos”, dijo Gargiulo.
El Código de procedimientos le da un tiempo a la defensa para que pueda rearmar su estrategia, lo que es parte del derecho de los acusados, por lo que el tribunal, hasta el martes, va a evaluar los pasos a seguir.