El trabajo del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en Manantial sur -un proyecto que consta de 2.500 viviendas sociales- fue criticado por vecinos, funcionarios y parlamentarios. Algunos de los planteos se enfocaron en la adjudicación de las casas, un tema que volvió a ser objeto de cuestionamientos oficiales en las últimas semanas. El Ministerio del Interior nacional sostiene que, de 604 viviendas sociales analizadas, casi un tercio de los adjudicatarios no cumple con los estándares para recibir la casa.
Las cifras surgen de un informe que la Nación llevó a cabo en seis de los sectores que ya fueron adjudicados a los titulares, y dado a conocer por el columnista Federico van Mameren en su Enfoque del Domingo de hace una semana. En total, hay 207 de estos trámites que fueron observados por motivos que van desde errores en los datos del titular hasta el hecho de que el beneficiario ya tenía un inmueble a su nombre o percibía ingresos superiores a cuatro salarios mínimos. “Mandé al Área Social a investigar. Habrá que ver, ir a golpear la puerta de las cerca de 1.000 casas (que ya fueron entregadas). Tienen que hacer un relevamiento”, dijo Noemí Ferrioli, interventora del Ipvdu.
La titular del organismo procuró tomar distancia, una vez más, de la gestión del ex interventor Gustavo Durán. Afirmó que alrededor de 1.000 viviendas fueron entregadas en Manantial Sur durante la gestión pasada, de la que ella formó parte como segunda a cargo. “Yo todavía no entregué ahí (en Manantial Sur). No hice adjudicaciones”, se escudó.
Las observaciones
Las irregularidades detectadas por el Ministerio del Interior son variadas. Del total de 207 observaciones, 158 están fundadas en que el adjudicatario tiene ingresos superiores a dos salarios mínimos. De esos 158 beneficiarios, hay 54 que perciben un monto superior al doble del requisito base. Es decir, ganan más de cuatro sueldos mínimos.
Por otro lado, hay 31 titulares de viviendas sociales que ya tenían inmuebles. Entre ellos hay nueve que registran beneficio previo, lo que significa que ya habían recibido asistencia para la compra de un terreno y/o para la construcción de una casa. Además, otros cinco de estos adjudicatarios fueron incluidos en el informe por otro motivo: ya tenían registrada una vivienda social del Ipvdu.
Finalmente, hay 18 observaciones que responden a imprecisiones en los datos de los titulares o de los cotitulares, lo que impide identificar correctamente a los beneficiarios.
Según la Nación, están esperando que el Ipvdu les informe acerca de las posibles subsanaciones, que serían aquellos casos en los que el organismo puede justificar la supuesta irregularidad. Una vez que el Instituto de la Vivienda provincial transmita esa información al Ministerio del Interior, se procederá a evaluar cada caso para finalizar el proceso de validación de los beneficiarios.