El Ministerio Público Fiscal (MPF) reforzó ayer su acusación de tenencia de estupefacientes para la comercialización con alrededor de 50 escuchas telefónicas. En una nueva audiencia del juicio oral contra la organización de la que formaba para el ex empleado de la Legislatura, Julio César Trayán, se escucharon las comunicaciones grabadas en plena investigación por las fuerzas de seguridad federales y que involucraron  a los imputados.

A partir de las conversaciones, el fiscal Pablo Camuña pudo sustentar la incriminación sobre Ricardo García, señalado como posible líder de la organización establecida en Tucumán y que habría tenido conexiones en Corrientes, Buenos Aires y otras provincias.

Según la PFA, la banda de “Trayán” tenía químicos para producir drogas


En los audios se escuchó al acusado concretar acuerdos de forma figurada. Habló de “lechoncitos” para establecer una supuesta entrega. El MPF también apuntó a demostrar cómo Trayán y uno de los hermanos García, Daniel Eduardo, se habrían abierto para iniciar su propio camino, separados de Ricardo y Walter García. “Me comuniqué con al gente del Norte. (Tiene) la mejor. Me dijeron: ‘Daniel, lo que usted necesite’”, según la reproducción.


El jueves 9 se inició en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) la audiencia de debate oral, en la que se encuentran procesados, además de Trayán, Ricardo, Walter y Daniel García, Juan Carlos Straatman, Carlos José Casuso y Jorge Andrés Saucedo.

Revelan vínculos de Trayán con la “Jefa” Sánchez

Ayer declararon empleados de una de las empresas allanadas en Buenos Aires, donde se hallaron productos utilizados en diferentes procesos de producción y para “estirar” la cocaína. Habían sido ofrecidos por la defensa de Casuso, propietario, y declararon ante el Tribunal que la firma elaboraba “artículos de uso domiciliario” durante décadas. Coincidieron al nombrar detergentes, suavizantes, limpiadores y quitasarro. Con ello, explicaron la razón del uso de ácido clorhídrico, que es utilizado para obtener cocaína.


Los inspectores del Ministerio de Seguridad de la Nación habían detectado que la firma había sido excluida del Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), por lo que no podía comercializar insumos como el ácido clorhídrico, entre otros. La empleada administrativa de la empresa, Susana Bregian, afirmó que esa Sociedad de Responsabilidad Limitada no había iniciado el trámite de renovación porque uno de los socios se había desvinculado.