A menos que ocurra un imponderable, el gobernador Juan Manzur podrá elegir entre dos funcionarios públicos y un abogado litigante para cubrir la vocalía de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los tres candidatos que lideran el orden de mérito definitivo confeccionado este miércoles son Ricardo Acosta, subinterventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud); Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y el profesional Adolfo Iriarte Yanicelli. El envío de la terna depende del vencimiento del último plazo establecido para impugnar el concurso en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Si no hay contratiempos, el Poder Ejecutivo quedará en condiciones de nombrar al reemplazante de Salvador Ruiz a partir del mes próximo.

La única modificación probable gira alrededor del postulante Iriarte Yanicelli. Ocurre que este concursante encabeza el terceto para el Juzgado de Cobros y Apremios de Concepción. Esa propuesta está en poder de Manzur desde junio: si el gobernador se inclinara por aquel postulante, cabría la posibilidad de que la terna de la Cámara en lo Contencioso Administrativo incorpore al funcionario judicial provincial Cristian Schurig, pero ello dependería no sólo de una definición en el cortísimo plazo respecto del Juzgado de Cobros y Apremios sino también de que Iriarte Yanicelli renuncie a la posibilidad de ser camarista -el orden jurídico lo habilita a mantener la postulación-. Además de los cuatro candidatos mencionados, el CAM entrevistó a Pablo Salomón, Isabel Nieva Conejos, Clementino Colombres Garmendia, Carlos Canevaro, José Gandur, María Aguirre, Rodolfo Albornoz, Teodoro Combes y Christian Fernández. En total, el orden de mérito definitivo contiene 13 nombres.

¿Empieza la renovación?

En este punto del partido -el inicio de la fase política del proceso de selección- y siempre que no haya cambios imprevistos, Acosta y González Navarro, que es hermano del ex legislador justicialista Ramiro González Navarro, tendrían las mayores posibilidades de llegar a la Cámara. El líder del concurso es el más joven de los tres primeros finalistas: se trata de un abogado que se integró al área de Salud durante el Gobierno de José Alperovich y que hizo carrera allí. Es la cartera que Manzur mejor conoce por haber sido ministro entre 2003 y 2007, y, luego, por la gestión de un funcionario de su círculo de confianza, el hoy diputado Pablo Yedlin. González Navarro tiene una foja de servicios ligada a la UNT: de perfil “técnico”, se vio obligado a aumentar su exposición pública por las denuncias de corrupción vinculadas a la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola y los casos de acoso que involucran a profesores de la casa de Juan B. Terán. En 2011 y en el ámbito del primer concurso organizado por el CAM para la Cámara en lo Contencioso Administrativo, González Navarro quedó a las puertas del terceto, que finalmente integraron Sergio Gandur (resultó escogido), Ana María de la Vega Madueño de Díaz Ricci y Schurig.

La cobertura del cargo de la Sala I es de máxima importancia para la administración pública y el poder político. Para dimensionar ese valor basta con recordar que el propio Ruiz -se jubiló el año pasado en medio de tensiones con este Gobierno- y su par de la Sala III, Ebe López Piossek, llegaron a anular las elecciones provinciales de 2015 (luego las cortes de Tucumán y de la Nación validaron el proceso electoral). La Cámara en lo Contencioso Administrativo, que interviene en los juicios del Estado, ha sido el estrado que más límites impuso al oficialismo. Ese tribunal mantiene, a grandes rasgos, su integración histórica: Alperovich, el mandatario que mayor cantidad de jueces designó en Tucumán, sólo pudo nombrar a un integrante en la Sala III, Sergio Gandur, hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte.

Pero la llegada del reemplazante de Ruiz podría ser el inicio de un ciclo de renovación para el fuero. Sucede que algunos de sus integrantes ya iniciaron los trámites para jubilarse, como Rodolfo Novillo (Sala II), aunque ello no implica necesariamente que habrá otra vacante en el corto plazo. Además, este Gobierno impulsó la gestación de juzgados de primera instancia cuyo trámite de cobertura está frenado por defectos en la ley de creación de los despachos, según fuentes del CAM. El orden de mérito elaborado para la vocalía de la Sala I eventualmente podría servir para la designación de jueces subrogantes o precarios (sin estabilidad) tanto en los cargos nuevos como en los existentes.