Tucumán está en estado deliberativo. El Gobierno nacional ha decidido eliminar el Fondo Federal Solidario o Fondo Soja a las provincias, una medida con la que pretende generar un ahorro fiscal de $ 8.500 millones para lo que resta del año y otros $ 26.500 millones en 2019. El ajuste previsto por la gestión del presidente Mauricio Macri es mayor si se toman en cuenta otras dos medidas anunciadas ayer, en un intento por calmar al mercado tras un lunes negro: la reducción en los reintegros de exportación y a suspensión por seis meses de la baja establecida para aceites y harinas, en el marco de los derechos de exportación de soja. Tres las tres, el área que encabeza el ministro Nicolás Dujovne pretende generar un ajuste de $ 12.500 millones para este año y de $ 53.000 millones para 2019.

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Los decretos de necesidad y urgencia dictados por la Nación trascendieron muy temprano y no fueron anticipados ni a los gobernadores ni a las actividades afectadas por la decisión. La eliminación del Fondo Soja no es un dato menor: si bien las intendencias tendrán más resistencia financiera para prescindir de las obras que se financian con aquellas partidas que surgen de la distribución del 30% de la recaudación de los derechos de exportación sobre el complejo sojero, para las comunas rurales es prácticamente la vida. De esos recursos no sólo depende la prestación de los servicios, sino el sostenimiento de los empleos.

El gobernador Juan Manzur solicitó al ministro de Economía, Eduardo Garvich, que elabore un informe acerca del impacto financiero de la medida nacional. El resultado es multimillonario. Según los datos oficiales, para este año se estima que la Nación dejará de girar unos $ 550 millones por el Fondo Soja, mientras que la proyección de ingresos por esa vía para 2019 era de $ 1.245 millones.

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La situación se complica porque esos recursos son vitales para la ejecución de planes de trabajos públicos, con un fuerte impacto en el año electoral que se avecina. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el Fondo Federal Solidario, creado por decreto en marzo de 2009 para mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales, representa el 19,4% del gasto de capital de la provincia. Tucumán, según el reporte elaborado con datos de 2017, muestra que la provincia es el tercer distrito del país en el que el Fondo Soja tiene peso relativo en inversión pública, sólo superado por Santa Cruz (63,6%) y Entre Ríos (20,2%). De allí que el Gobierno local insiste en que en los últimos dos años no hubo giro de fondos extra federales para la ejecución de obras públicas.

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La jornada fue frenética. Manzur habló con varios pares de otros distritos, entre ellos el santiagueño Gerardo Zamora y el sanjuanino Sergio Uñac, pero ningún miembro del gabinete de Macri se comunicó con ellos para anticipar las medidas adoptadas. “Fue una decisión inconsulta”, bramó ayer el mandatario tucumano, una opinión que fue consentida por sus otros colegas. “El Gobierno nacional envió a sus funcionarios a darle explicaciones a los inversores en Estados Unidos, pero no adoptó la misma conducta para comunicarle a las provincias que le iban a quitar recursos para obras”, se escuchó decir anoche durante la reunión convocada por Manzur en su despacho de la Casa de Gobierno. Allí estuvieron todos los miembros del gabinete, los intendentes del interior y la cúpula de la Legislatura. El bloque oficialista de la Cámara y sus aliados políticos aprobarán una resolución en la próxima sesión para repudiar el cese del envío del Fondo Federal Solidario, anticiparon autoridades del cuerpo colegiado.“No vamos a admitir que vengan a hacer una quita de los recursos que, por ley, son de todos los tucumanos. Vamos a agotar todas las gestiones institucionales y políticas que sean necesarias para evitar este recorte en nuestra provincia”, señaló el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en diálogo con LA GACETA.

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Los concejos deliberantes municipales también convocarán a sus miembros para “rechazar in límine” el recorte de partidas del Fondo Soja. La mayoría prevé una convocatoria al recinto para mañana.

Paralelamente, la decisión nacional también tendrá su frente judicial. Al menos 15 provincias están dispuestas a accionar contra la Nación para evitar que se frene el envío de recursos. Uno de los argumentos que aducen los fiscales de Estado es la vigencia del artículo 117 de la Ley de Presupuesto Nacional 2018, que establece la distribución de partidas entre las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal, firmado entre la Nación y las provincias, en noviembre del año pasado. El Consenso Fiscal establecía, entre las compensaciones, que se distribuirán “los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que este exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este Consenso. Ese indicio en el texto hoy se ha convertido en un hecho: la eliminación del Fondo Soja, que dejó de ser solidario y se convertirá en ahorro fiscal federal.

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