El escándalo de las coimas de los empresarios de obra pública derivó en una nueva investigación. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga de la empresa Fainser, la constructora del ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, sirvió de vía para girar fondos sin documentarlos, para destinarlo luego al pago de sobornos en otras empresas, para lavado de activos.
La sospecha es que la firma Fainser generó facturas falsas por cifras millonarias a favor del consorcio a cargo de la construcción de la usina termoeléctrica en Río Turbio, Santa Cruz. Esto le habría permitido al presidente de otra constructora, Juan Carlos de Goycochea -titular de Isolux-, evadir los controles de las auditorías y acumular efectivo para entregárselo a Roberto Baratta, funcionario bajo las órdenes del ex ministro Julio De Vido. Tanto de Goycochea como Lascurain estuvieron detenidos por orden del juez Claudio Bonadio para indagarlos.
El último paso de la AFIP, informa LaNación.com, fue la emisión del ente de un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado, por más de $ 400 millones, que el organismo tributario remitió a la Unidad de Información Financiera en las últimas semanas.
De Goycochea, el primer empresario que se acogió bajo la figura de arrepentido en la investigación judicial de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, se resguardó en Córdoba. Desde su entorno informaron que haya utilizado en la operatoria facturas apócrifas.
Sin embargo, la AFIP sospecha que los ejecutivos de diversas empresas de obra pública echaron mano a sociedades fantasmas para que el dinero de las coimas no tuviera rastros en los balances de las empresas constructoras.
La pesquisa del ente tributario apunta a los contratos tercerizados de las firmas.