El ministro de seguridad Claudio Maley generó un debate en la Legislatura. El funcionario envió ayer una nota informando que no podía dar el martes 14 las respuestas de las preguntas que le hicieron miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, sino que las entregaría 9 días después del plazo que, en principio, se había establecido. Esa postura silenció a los parlamentarios oficialistas y encendió el discurso crítico de los opositores.
“Acudiendo a su comprensión y buena predisposición, sugiero como fecha optativa el día jueves 23 de agosto a horas 8.30 debido a la modificación diagramada de actividades protocolares y de Seguridad de este Ministerio”, se puede leer en la nota que envió el funcionario.
Los miembros de la comisión, integrada por ocho legisladores y representantes del Poder Judicial local y federal, acordaron una nueva metodología de trabajo para que, como establece la norma, se realice un análisis cuatrimestral de la situación. Decidieron enviarle preguntas para que él las responda, envíe las respuestas y 10 días después, le pidan explicaciones si es que realmente era necesario.
Los legisladores completaron el trámite y enviaron el escrito al ministro con la idea de que lo presentaría a tiempo para que el martes estuviera en la Legislatura. Como el trámite estaba demorado, un legislador oficialista se habría comunicado con Maley para recordarle las fechas. Él respondió enviando la nota.
“El ministro Maley ha dejado en claro que no le importa ni le preocupa rendir cuentas sobre su gestión en un área extremadamente sensible, la de seguridad. Rendir cuentas de lo actuado, respetar la ley, cumplir plazos, son obligaciones que todos los ciudadanos debemos cumplir, pero el funcionario parece sentirse eximido de ellas”, aseguró José María Canelada.
Claudio Viña, por su parte, opinó: “la demora de Maley preocupa. Pero es mucho más preocupante el recrudecimiento del delito en todas sus formas. Amenazan a la hija de un intendente, matan a una joven en un enfrentamiento de clanes y para completar una jornada aciaga, amenazan al mismísimo Jefe de Policía. A esto se suma que los rompevidrios ya se dieron cuenta que es fácil concretar ataques”.
“La gravedad de la situación en Seguridad, la pérdida de la tranquilidad y el orden en nuestras ciudades amerita un profundo informe del Ministerio de Seguridad. Ojalá este pedido de prórroga sirva para conocer en profundidad lo hecho por el Ministerio de Seguridad”, sostuvo el legislador Fernando Valdez.
Los legisladores oficialistas que integran la comisión prefirieron no opinar sobre el tema cuando fueron consultados por LA GACETA y anunciaron que hablarán cuando tengan el informe en sus manos.
60 interrogantes
En total, fueron más 60 las preguntas que los miembros le solicitaron al funcionario para que conteste, ya que podían elaborar un máximo de 10, de las cuales el ministro debía contestar obligatoriamente tres.
Pese a que hubo varias posturas, los interrogantes giraron en torno a siete puntos: la inversión que se realizará en el área de seguridad por la venta de las acciones del Banco del Tucumán; explicaciones sobre cómo funcionan los servicios adicionales; cuestiones vinculadas al narcotráfico; el estado de los miembros de la fuerza; la crisis carcelaria; la lucha contra las adicciones y un relevamiento de las comisarías de la provincia.