Magdalena Karina Cruz está sola y desvinculada de su familia; ha perdido el trabajo y no tenía, hasta los primeros días de julio, ingresos para cubrir el alquiler del lugar donde vivía. Luego, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia confirmó un subsidio económico para que pudiera afrontar esa situación. Ya contaba en ese momento con custodia policial, al ser considerada una persona vinculada al ámbito del narcotráfico. La mujer afrontó estos problemas en pleno proceso oral por el crimen de Paulina Lebbos y posterior encubrimiento del hecho.

El caso de Cruz resonó la semana pasada en la sala de Tribunales y reflejó cómo el sistema legal ha derivado en una distinción de testigos en el juicio oral, al ser comparado con la negativa a declarar de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actual senador, a partir de medidas procesales.

Otro policía quedó detenido por falso testimonio en el juicio por Paulina Lebbos

La Corte Suprema de Justicia local (CSJT), con los votos de los vocales Antonio Gandur (preopinante), René Goane, Daniel Posse, determinó que el ex titular del Poder Ejecutivo (PE) no debe comparecer en audiencia por sus fueros, al hacer lugar un recurso de queja que había presentado este último para impedir la citación y responder preguntas de forma personal y pública. Aún existe la posibilidad de un recurso extraordinario para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN).

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Este fallo podría ser extensivo hacia el caso de Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia y actual ministro Público Fiscal local, luego de interponer el recurso ante la Corte local. Aunque el Tribunal, por unanimidad, rechazó la posibilidad de un careo entre Jiménez y Alberto Lebbos, padre de Paulina, lo que hubiese llevado a que se sentara en el banquillo. Sí hizo lugar al pedido de aclaración, por escrito, de algunas preguntas, tras las respuestas iniciales.

“Alperovich ha demostrado inconsistencias”, aseguró Lebbos

“El fallo de la Corte se extiende únicamente a quien planteó el recurso de queja, que fue José Alperovich (…) La situación del senador no es idéntica que a la del ministro provincial, en tanto y cuanto tiene fueros parlamentarios reconocidos en la Constitución Nacional”, dijo el abogado Macario Santamarina, defensor del imputado por el crimen, Roberto Gómez.

Aunque remarcó: “los privilegios son contrarios al Estado de Derecho y Democrático, porque una república democrática es el no privilegio de los ciudadanos, al contrario de los estados absolutistas. Los únicos privilegios que son admitidos son los mínimos e indispensables que garanticen el funcionamiento de una república. En ese entendimiento, la interpretación de los privilegios es mínima y no máxima. En este conflicto de intereses, la Corte no explica cómo un senador dejará de ser menos senador si viene a declarar acá como testigo. No lo explica”, manifestó el letrado.

Inclusive, Santamarina remarcó que esos privilegios no deben ser extensivos y que Jiménez debe venir a declarar para aclarar sus dichos del cuestionario. “Es un ciudadano más. Aquí vinieron personas con ACV, con cáncer, que perdieron su trabajo. No entiendo cómo el ministro dejará de ser ministro si viene a testificar”, añadió.

Las distintas defensas y la querella coincidieron al plantear que el fallo de la Corte no deja sin efecto una posible convocatoria de Alperovich y Jiménez a careos con Lebbos por estos tiempos. “El Tribunal podría citarlos”, explicó Cergio Morfil.

Según la Corte local, los fueros impiden que el senador sea convocado a la sala para aclarar su testimonio sobre el caso “Lebbos”. El pronunciamiento dejó sin efecto la resolución de los camaristas Carlos Caramuti (foto derecha), Rafael Macoritto y Dante Ibáñez (foto izquierda), que estableció que Alperovich y otros funcionarios públicos, entre ellos el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, estaban en condiciones de ser llamados a la audiencia. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
José Alperovich respondió que declaró que estaban cerca de encontrar al asesino por “informaciones que le habían dado el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, o el jefe de la Policía, (Hugo) Sánchez”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Roberto Luis Gómez, único acusado del homicidio de Paulina Lebbos. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados defensores Cergio Morfil y Gustavo Carlino. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados querellantes Roberto Tejerizo y Emilio Mrad quien pidió que el senador Alperovich complete el cuestionario, ya que hubo otra vez preguntas sin la debida respuesta. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Nicolás Barrera, es subjefe de la Policía de Tucumán y Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía de Tucumán, acusados de encubrimiento en el crimen de Paulina Lebbos. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Juana Estequiño, actual agente de la División Homicidios de la Policía de la provincia, cambió el relato con el paso de las preguntas, tanto de la querella como de los jueces. Esa ida y vuelta de su participación en la investigación por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos llevó muchas dudas en la sala del juicio oral, pero no fue suficiente para ser considerada como falso testimonio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El secretario de la sala, Marcos López Frías, exhibe uno de los secuestros realizados por la agente Estequiño, en el domicilio de Paulina. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
José Daniel Soria, actual director de Policía Científica, declaró como testigo en la causa, ya que la época del crimen era secretario del imputado y ex jefe de Policía, Hugo Sánchez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Eduardo Di Lella, ex ministro de Seguridad de La Provincia, acusado de encubrimiento agravado, en el crimen de Paulina Lebbos. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La resolución de los camaristas Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, que estableció que Alperovich y otros funcionarios públicos, entre ellos el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, estaban en condiciones de ser llamados a la audiencia para contestar las preguntas que generaran sus testimonios escritos, mas no obligados a comparecer en atención a los privilegios inherentes a sus respectivos cargos, ya que consideraban que esa “solución ecléctica” compatibilizaba la ingeniería del Código Procesal Penal de Tucumán (artículo 230) con la de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que goza de jerarquía constitucional en Argentina, quedó sin efecto porque los vocales Gandur, Goane y Posse concluyeron que la postura intermedia de la Sala III era una “reflexión dogmática” y, por ende, correspondía hacer lugar a la pretensión de Alperovich de no acudir a la audiencia. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los imputados y ex policías Héctor Brito, Nicolás Barrera y Hugo Rodríguez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de Policía durante el gobierno de José Alperovich, Hugo Sánchez, acusado de encubrimiento en el crimen de Paulina Lebbos, se encuentra con prisión preventiva por amenazar a un testigo y es custodiado por la Policía Federal. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El abogado defensor de Nicolás Barerra, Gustavo Carlino, conversa con los defensores de Hugo Sánchez, Marcelo Esteban Jiménez Santillán y Alejandro Federico García Biagosh. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El acusado de encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos y ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, junto a su abogado Cergio Morfil. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex ministro de Seguridad, Eduardo Di Lella, acusado de encubrimiento. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alberto Lebbos se refirió a la postura de Alperovich de no presentarse a declarar en el juicio “Ha mostrado su cobardía e indignidad al no presentarse personalmente como testigo. Esquivó una obligación ciudadana, moral y legal, refugiándose en un fuero ‘trucho’ para seguir protegiendo a los asesinos de Paulina”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El fiscal Carlos Sale conversa con la abogada de la provincia, Cecilia Vaccaro. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La Sala III resolvió ordenar la detención y el inicio de la investigación penal por falso testimonio contra el ex chofer de Hugo Sánchez, Guillermo Arturo Polli. El testigo relató en una audiencia previa a la feria judicial que había llevado a su jefe, su esposa y su hija hasta Raco el domingo 26 de febrero de 2006, por la noche. Durante esa jornada había desaparecido Paulina. Entre otras cosas, contó que su jefe había ido hasta esa localidad para participar en una “fiesta social”, invitado por el entonces secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo di Lella, otro de los imputados por supuesto encubrimiento. Precisamente, la realización de este evento ha sido el argumento para contrarrestar la versión de que en Raco hubo una reunión entre los funcionarios del Gobierno por la desaparición de la joven. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados defensores del ex jefe de Policía Hugo Sánchez, Marcelo Esteban Jiménez Santillán y Alejandro Federico García Biagosh, conversan con el abogado de La Provincia, Carlos Parajón Ferullo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Sí, fui a esa cena. Sí, fui a ese lugar”, enfatizó el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez. Rechazó así la versión de una reunión por el caso en la vivienda del entonces secretario de Seguridad, Eduardo di Lella. Y afirmó que Arturo Guillermo Polli había incurrido en olvidos e incoherencias en su declaración sobre el desarrollo de los hechos, el 26 de febrero de 2006. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO