La Justicia Federal de Tucumán se desprendió por segunda vez de una causa penal referida a los subsidios discrecionales que la Legislatura entregó en 2015 mediante fondos en efectivo que trasladaba en valijas. Esta nueva declaración de incompetencia alcanza a las actuaciones iniciadas hace más de dos años para esclarecer la supuesta comisión de un delito de evasión tributaria, cuya persecución corresponde a los Tribunales Federales. En una resolución unipersonal, el camarista Ricardo Sanjuán consideró que antes de determinar si había habido perjuicios al fisco era necesario establecer si con los $ 615,6 millones en cuestión se habían perpetrado enriquecimientos ilícitos o fraudes en perjuicio al Estado, tarea que el Ministerio Público Fiscal provincial desarrolla en un proceso penal abierto con anterioridad. Por ello, Sanjuán dispuso la acumulación de las actuaciones en la Justicia penal local.

El fallo, que no está firme y aún puede ser impugnado por el fiscal general federal Gustavo Gómez, hace lugar al recurso que había presentado el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip con el auxilio de su abogado Pedro Brito. Ese planteo en los hechos bloqueó el requerimiento de los recibos de los llamados gastos sociales formulado por el fiscal federal N°1, Carlos Brito, al vicegobernador Osvaldo Jaldo el 1 de septiembre de 2016. Catorce días después, y luego de que el fiscal intimara a Jaldo y de que este pidiese una prórroga de 10 días hábiles para cumplir la orden, se presentaron Llorens Dip y el letrado Brito en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Daniel Bejas. A partir de entonces, la discusión, en la que también intervino el en ese momento titular subrogante de la Legislatura, Julio Silman, comenzó a girar alrededor de aspectos formales: las diligencias para obtener la entrega de los recibos quedaron frenadas porque Bejas se rehusó a que la pesquisa continuara en paralelo a la sustanciación de los recursos.

El expediente entero “subió” a finales de 2016 a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, donde hubo una serie de idas y vueltas (ver “Giros y vaivenes...”). Durante ese trajín ocurrió una novedad procesal: en septiembre de 2017, el Congreso de la Nación sancionó la ley (N° 27.384) que permite que un solo vocal resuelva las cuestiones de competencia. Por eso bastó la firma de Sanjuan para hacer lugar al recurso de Llorens Dip, pese a que para emitir una decisión previa en el mismo caso habían participado el camarista mencionado, y sus pares Marina Cossio y Ernesto Wayar.

Un fiscal le da impulso al caso penal sobre las valijas de la Legislatura

“Serio riesgo”

Así, nueve meses y medio después de que Bejas se declarara provisoriamente competente para tramitar la denuncia del abogado y opositor Oscar López, Sanjuán revocó aquella decisión. En la sentencia del 2 de agosto pasado, el camarista primero reflexionó que habían pasado dos años y cuatro meses desde el inicio de las actuaciones, y que Brito todavía no había requerido la investigación. Pero más adelante el vocal afirmó que Bejas había delegado la pesquisa a Brito por aplicación del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Y a continuación afirmó, en un razonamiento que asimila la hipótesis delictiva al lavado de activos, que para corroborar la supuesta evasión tributaria primero había que confirmar que los fondos destinados a los subsidios sociales habían pasado a los funcionarios públicos del Poder Legislativo a cargo del hoy gobernador Juan Manzur.

Sanjuán advirtió que la dilucidación de los delitos comunes precedentes incumbía al Poder Judicial de la Provincia de Tucumán y que resultaba riesgoso mantener otro proceso en la órbita federal. “La existencia de dos causas penales ante distintos órganos jurisdiccionales respecto de los mismos sucesos constituiría un serio riesgo de afectación de la garantía constitucional que prohíbe el doble juzgamiento (de idénticos hechos)”, expresó.

Aunque el camarista remitió el expediente a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5 que encabeza Washington Navarro Dávila, en el supuesto de que la sentencia quede firme las actuaciones deberían entrar al despacho del fiscal N°2, Claudio Bonari. Ocurre que en septiembre de 2016 este recibió el primer caso de las valijas legislativas por una decisión del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, quien evitó el archivo de las denuncias que había dispuesto Navarro Dávila. Esa causa incluye las actuaciones relativas a un presunto lavado de activos que el fiscal general federal Gómez había iniciado de oficio luego de que LA GACETA publicara las fotografías de las valijas, revelación que dio lugar a media docena de procesos distintos (se informa por separado). En marzo de 2016, el juez federal Bejas mandó el caso que había abierto Gómez a la Justicia provincial: fue la primera declaración de incompetencia.

Giros y vaivenes de la causa penal

- Las actuaciones relativas a la presunta evasión impositiva denunciada por el opositor Oscar López llegaron a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en octubre de 2016. El expediente subió porque el fiscal federal Carlos Brito se había opuesto a que el juez Daniel Bejas diese intervención en la causa penal a la Legislatura, que se había presentado por medio del legislador Julio Silman (PJ). Para entonces ya existía un planteo de incompetencia del ex legislador oficialista Iván Llorens Dip.

- En ese ámbito, el camarista Ernesto Wayar negó acceso a las actuaciones al magistrado Rodolfo Novillo y al fiscal Claudio Bonari, aduciendo que el expediente era secreto para los terceros.

- En noviembre de 2016, el testigo Hernán Mitre se presentó ante el fiscal Brito, y declaró que la Legislatura le había alquilado un local en forma verbal y que allí habrían estado fugazmente unas cajas con papeles sobre los gastos sociales.

- En febrero de 2017, los camaristas Ernesto Wayar, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio resolvieron que antes de analizar si Silman y la Legislatura podían intervenir en el caso, Bejas debía expedirse sobre el planteo de Llorens Dip. El caso volvió al juez y en octubre este se declaró competente. Pero el 2 de agosto pasado, Sanjuán revocó la resolución y mandó el caso a la Justicia local, como quería Llorens Dip.

Todo comenzó hace 642 días
- 21/8/2016: El vice Osvaldo Jaldo anuncia el fin de los gastos sociales para personas físicas y bancariza la Legislatura.
- 1/11/2015: LA GACETA divulga fotos y datos bancarios referidos al manejo de valijas cargadas de efectivo para gastos sociales.
- 4/11/2015: El opositor Oscar López presenta una denuncia penal. Empieza así el primero de los seis procesos referidos al escándalo.
- 19/8/2016: El obispo de Concepción, José María Rossi, hace una denuncia moral y dice que el esquema de ayudas es perverso.

La segunda -firmada por Sanjuan- apareció días después de que Bonari, ex funcionario de la Justicia Federal, requiriese medidas investigativas al juez de Instrucción en lo Penal N°2 de esta ciudad, Facundo Maggio, en la causa que recibió hace 20 meses. Si ese proceso aglutina finalmente todas las denuncias penales interpuestas desde 2015, será la Justicia local la que defina si el contenido de las valijas de la Legislatura fue usado para ayudar a ciudadanos vulnerables o para cometer actos de corrupción, como sugieren las denuncias.