En el asentamiento que sus ocupantes denominan “barrio ARA San Juan”, hay una estructura nueva desde hace 10 días. Es precaria, hecha con unas tablas de madera y pedazos de plástico sostenida por palos que se ataron con alambre. Todos son materiales que estaban tirados en la zona, a unos cientos de metros al sur de Los Vázquez. Cuando se mira el refugio conociendo su historia ya no parece tan frágil. Se construyó en sólo unas horas para una mujer que llegó un día a las 15 huyendo de la violencia de género. “Y eso lo levantamos entre mujeres nomás”, comenta su ocupante, que había sido ayudada por dos de sus hermanas.

Como ella, hay otras 16 familias viviendo en este asentamiento. Los vecinos afirman llegaron ahí por la necesidad, porque no tenían dónde vivir; distintas circunstancias -que van desde disputas familiares a dificultades económicas- los llevaron a abandonar las viviendas que ocupaban antes. Mientras ellos sostienen que se instalaron en septiembre, el presunto dueño del terreno -Ariel Fernando Sighinolfi- califica de usurpación al establecimiento de casas y casillas, hecho que, según él, ocurrió recién en noviembre.

“He sido la primera que se ha instalado a vivir acá”, recuerda María Soledad Jiménez, de 34 años. “Estaba en una casa prestada y me pedían que la devuelva. He venido para acá porque no tenía dónde estar”, explica. Desde el primer momento fue con sus seis hijos e hijas. Estuvo un mes y medio sin luz hasta que, a medida que se iban sumando más familias al asentamiento, lograron una conexión precaria. Hoy cuentan con un medidor comunitario y abonan el servicio. Con el agua es distinto; sólo la mitad de las casas cuenta con agua corriente y la instalación es informal: conectaron caños desde la localidad vecina de Los Vázquez.

La accesibilidad a los servicios es uno de los problemas más graves de vivir en un asentamiento. La falta de regularización dominial les impide exigir a las prestatarias, como la SAT, que les conecten el agua. Este es uno de los puntos centrales de un proyecto de ley que espera la aprobación del Senado (ver nota aparte).

Los primeros días

Lorena Ibiriz camina por la zona mientras relata cómo fueron aquellos primeros días. “Ha venido a instalarse mucha gente que lo necesita. Entre dos o tres familias limpiamos el terreno y los que han podido han armado chocitas con palos, tarimas y plásticos. Pero, por el frío, mucha gente lo ha dejado hasta que consiga una casilla”, cuenta. En algún momento llegaron a vivir hasta 60 familias ahí. “Nosotros pensábamos que no tenía dueño. Realmente no sé si son los dueños; esto era todo monte. Yo averigüé y figuraba padrón 0”, argumenta.

En la puerta de su corralón de reciclado, Sighinolfi asegura que se trata de una usurpación. Afirma que su padre compró el predio, de 13 hectáreas, hace más de 30 años y que recién el pasado 27 de noviembre se instalar los habitantes del “ARA San Juan”. Hay una disputa legal, y él cuenta que los últimos meses fueron turbulentos. Sostiene que los ocupantes de su terreno provocaron incendios que dañaron algunos de sus materiales y un camión. “Y yo les había ofrecido (lotes) a los que necesitaban”, asegura. Según él, no todos los que habitan el asentamiento sufren las carencias descriptas y prefiere esperar a que la Justicia defina el asunto.

Otros problemas

“Esto es todos los días y en cualquier momento”, dice Lucas Zelarayán mientras ve pasar un camión con un contenedor. El vehículo entra al barrio y se dirige hacia el final de uno de los callejones. Descarga y emprende el camino de regreso. En la empresa Contenor explicaron que cuentan con el permiso de Sighinolfi para trabajar ahí. Aseguran que sólo transportan escombros, aunque Zelarayán afirma lo contrario. “También tiran basura. En enero venían y tiraban restos de pan; era un desastre todo esto”, denuncia.

La inseguridad es un problema, pero los vecinos no se dejan amedrentar. En parte porque están acostumbrados, y en parte porque se cuidan entre ellos. En una ronda de mates, comentan que por los alrededores “andan los piperos (adictos al paco)” y que a veces pueden surgir inconvenientes, pero que no es frecuente. La mujer que llegó hace 10 días huyendo de un marido violento cuenta lo que escuchó en su primera jornada en el barrio: “me dijeron que durante la semana no anda casi nadie, que quizás se escuchaban tiros por la ruta pero que acá es tranquilo”.

La problemática habitacional es un mal que crece cada día, según especialistas. Es una problemática cuya gravedad aumenta en una provincia como Tucumán, en la que, según el Indec, hay más de 200.000 personas en situación de pobreza e indigencia.